El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) agoniza, con una propuesta de recortarle 95% de presupuesto y la alerta de quedar inoperante, mientras sus consejeros se mantienen en la grilla o están ausentes.
Para articular las políticas de combate a la corrupción, este año el Sistema opera con 128 millones de pesos, pero sólo ha sesionado una vez en el año de manera ordinaria y su atención mediática se ha centrado en discusiones entre sus integrantes para cruzar acusaciones de actos irregulares.
Con la reforma de 2015, se buscó crear un sistema de vanguardia, que homologara la rendición de cuentas en el país y fuera dirigido a través de un Comité de Participación Ciudadana, lo que no se cumplió.
Para 2026, el SNA solo tiene una propuesta de presupuesto de 6.3 millones de pesos, es decir, que le pretende quitar 95% de su presupuesto; como contexto, este año el 90% de su gasto, superior a los 128 millones de pesos, se destinó a Servicios Personales y Generales.
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Grillan integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción
En febrero pasado, los integrantes del SNA grillaron con un cruce de acusaciones contra el entonces secretario Ejecutivo, Roberto Moreno, por presuntos actos irregulares, lo que derivó en su renuncia. Meses después, el exfuncionario quedó incluido en la nueva Suprema de la Corte como secretario de la Presidencia, pero solo duró unos días su nombramiento, pues se vio obligado a renunciar ante la reactivación de señalamientos en su contra.
En marzo pasado, Vania Pérez asumió como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema; en lo que va del año han realizado cinco sesiones extraordinarias y ninguna ordinaria.
Apenas el pasado 25 de septiembre, ya en la recta final del año, se intentó llevar a cabo su segunda sesión ordinaria, pero quedó cancelada, ya que no hubo quórum, porque solo se conectaron al encuentro virtual tres integrantes del Sistema, que incluye a la secretaria Anticorrupción, el auditor federal, la titular la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, una representante del Órgano de Administración Judicial y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Lo más relevante del Sistema Nacional Anticorrupción ocurrió cuando apareció un documento en sus redes, firmado por la presidenta del SNA, para pedir que se investigue la fortuna del senador Adán Augusto López, pero unos minutos después lo bajaron de los canales oficiales, y el asunto derivó en otra grilla entre los consejeros y cruce de acusaciones sobre presiones del Senado.
En entrevista con 24 HORAS, la consejera Patricia Talavera dijo que el Sistema es un órgano colegiado y reconoció que “hay muchos temas pendientes y creemos que es importante atender ese rezago más que hacer posicionamientos personales”.
‘Estamos en una encrucijada’: Raquel Buenrostro
En mayo pasado, la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, durante el décimo aniversario del SNA, dijo: “estamos ante una encrucijada: o hacemos que el Sistema funcione y cumpla el mandato por el que se creó, o lo condenamos a la irrelevancia. Esa es la dimensión del dilema al que nos enfrentamos”.
Además del presupuesto, en diciembre próximo Vania Pérez dejará la presidencia del SNA, por lo que solo quedarán dos consejeros y perderán el quórum para sesionar, a menos de que la Junta de Coordinación Política del Senado, dirigida por Adán Augusto López, expida el acuerdo para el nombramiento pendiente, así como de la vacancia en la Secretaría Ejecutiva, por lo que de no designarlos el SNA quedaría inoperante y con solo 6.3 millones de pesos de presupuesto.
Al respecto, el doctor Armando Zacarias, jefe del Departamento de Estudios Políticos, de la Universidad de Guadalajara (UdG) explicó a este diario que no hay un procedimiento articulado “desarrollado y estructurado por parte del Sistema Anticorrupción o los órganos relacionados con la vigilancia de este tipo de temas como podría ser la Unidad de Inteligencia Financiera” para investigar la fortuna de Adán Augusto u otros actos de presunta corrupción.
Antecedente
Las deficiencias en el Sistema Nacional Anticorrupción ocurren entre múltiples señalamientos en contra de altos funcionarios del Gobierno.
El 6 de septiembre pasado se dio a conocer la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías y otras personas, derivado de la investigación de una megaoperación de huachicol fiscal, que implica a la Marina y personal de Aduanas.
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El 25 de agosto, se dio a conocer la casa de 12 millones de pesos que reportó el entonces presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña; surgieron dudas de cómo adquirió la propiedad en Tepoztlán, ya que se trata de terrenos ejidales.
El 7 de agosto, Sergio Gutiérrez Luna, entonces presidente de la Cámara de Diputados, y su esposa Karina Barreras, también diputada del PT, quedaron exhibidos con artículos de lujo, cuyo costo discrepaba de su salario declarado.
El 26 de septiembre, señalaron al senador morenista Adán Augusto López por recibir 79 millones de pesos que no estaban en sus declaraciones patrimoniales, lo que justificó afirmando que sí aparecían ante el fisco.
