La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó atraer un amparo, que busca seguir con el proceso por fraude fiscal contra Víctor Manuel Garcés, quien era director jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul.
SCJN aprueba atraer amparo
El amparo fue promovido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que el Alto Tribunal deberá analizar la legalidad de que el proceso continúe, a pesar de que ya pasaron cinco años y no se ha presentado una querella.
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En marzo de 2024, un juez de control decidió no vincular a proceso al directivo de La Cruz Azul porque la indagatoria por presunto fraude fiscal, superior a los tres millones de pesos ya había prescrito.
Por mayoría de votos, este miércoles, el Pleno decidió ejercer su facultad de atracción, cuya petición fue la ministra Lenia Batres a favor de la autoridad hacendaria, que no está faculta para esa solicitud.
La SCJN informó que decidió atraer dos asuntos de relevancia constitucional en los ámbitos penal y fiscal.
Foto: Cuartoscuro |
El estudio precisará parámetros judiciales
El Alto Tribunal evaluará hasta dónde la autoridad hacendaria puede presentar querellas en materia penal fiscal. El Máximo Tribunal deberá determinar si el derecho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitar que se inicie una investigación por delitos fiscales se interrumpe, cuando la información sobre el posible delito proviene de un dictamen técnico contable emitido por una autoridad distinta al Servicio de Administración Tributaria.
Esta resolución permitirá delimitar los requisitos y plazos aplicables, aportando mayor certidumbre para contribuyentes y autoridades.
En otro asunto, el Pleno podrá otorgar mayor claridad sobre los criterios que deben aplicarse para resolver cuándo procede la prisión preventiva justificada. Esto implica analizar el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales y definir los elementos que deben considerarse para decidir si procede o no esta medida cautelar.
El estudio contribuirá a precisar los parámetros judiciales para asegurar un equilibrio entre las partes, es decir, que se pueda perseguir de forma efectiva la comisión de delitos pero que también se proteja la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de las personas procesadas.
