Redacción
Las comisiones legislativas para la Igualdad de Género y de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense acordaron ampliar la participación de dependencias y órganos legislativos en el análisis de las leyes secundarias sobre la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
Durante la sesión, las y los legisladores coincidieron en la necesidad de incorporar a las secretarías estatales de Salud; de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Finanzas, para revisar la viabilidad operativa y presupuestal de la iniciativa presentada por la diputada Zaira Cedillo Silva, de Morena. El objetivo es garantizar su correcta aplicación y fortalecer la atención médica, educativa y financiera que implica la reforma.
A propuesta de las diputadas Emma Laura Álvarez Villavicencio, del PAN, y Miriam Silva Mata, del PVEM, se acordó incluir también en el estudio a las comisiones legislativas de Salud, Asistencia y Bienestar Social; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y de Finanzas Públicas. Además, el diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena, solicitó integrar otras iniciativas relacionadas, como la presentada por la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón, del PT.
Zaira Cedillo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, explicó que la iniciativa da seguimiento a la despenalización del aborto aprobada el 25 de noviembre de 2024, y busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos reproductivos. El proyecto contempla tres ejes: educación sexual integral con acceso a productos para la gestión menstrual y métodos anticonceptivos; servicios de salud gratuitos, seguros y sin discriminación; y protección a infancias y juventudes mediante información y atención acorde a su edad.
La diputada Emma Álvarez, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, señaló que el debate sobre el aborto debe abordarse con prudencia legislativa, respeto y rigor técnico, sin polarización. Expresó su preocupación por la capacidad del sistema de salud estatal ante la falta de insumos y personal, y pidió revisar los impactos reales de la reforma antes de su aprobación.
Por su parte, el diputado Octavio Martínez recordó que el Estado de México tiene un rezago de más de dos décadas respecto a otras entidades que ya han legislado sobre el tema, y subrayó la importancia de armonizar la legislación local con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos internacionales.
En tanto, la legisladora Miriam Silva propuso fortalecer la seguridad jurídica del personal médico que participe en los procedimientos, al considerar que el proyecto contempla conceptos amplios que podrían generar incertidumbre en su aplicación.
Zaira Cedillo puntualizó que la objeción de conciencia será respetada, pero el Estado deberá garantizar la atención médica en los casos en que esté en riesgo la vida o salud de la persona gestante, o cuando la negativa derive en un daño mayor, sufrimiento prolongado o discriminación. Señaló que los insumos necesarios no representan una carga adicional al sistema de salud, ya que los servicios podrán brindarse mediante el IMSS-Bienestar y el ISSSTE.
