Juan R. Hernández
La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) volvió a alzar la voz. Reclaman que el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, no ha cumplido su palabra de otorgarles el bono al combustible por unidad, compromiso que la mandataria capitalina habría hecho personalmente.
Los concesionarios acusan a los secretarios de Gobierno y de Movilidad, de estarse “pasado la bolita”, desobedeciendo lo instruido por su jefa.
En el fondo, el reclamo del gremio transportista no solo evidencia el desgaste económico del sector, sino también la falta de coordinación institucional. Prometer y no cumplir genera desconfianza, sobre todo en un sector tan sensible como el transporte público, donde miles de familias dependen del ingreso diario que deja el pasaje.
Mientras los transportistas exigen compromisos firmes, el diputado Ricardo Rubio Torres, del PAN, presentó en el Congreso una iniciativa para proteger los derechos laborales de mujeres con cáncer. Su propuesta busca garantizar que ninguna mujer pierda su empleo durante el tratamiento, que reciba licencias con goce parcial de sueldo y que exista acompañamiento psicológico y social. Un gesto de humanidad en tiempos donde el trabajo suele valer más que la salud.
Por su parte, la UNAM da otra lección de compromiso social: a través de UNAM Solidaria, ha reunido 65 toneladas de ayuda humanitaria para damnificados por las lluvias en Hidalgo, Puebla y Veracruz. La solidaridad universitaria actúa donde el Estado llega tarde o simplemente no llega.
Y en otro frente, la diputada Diana Sánchez Barrios clama justicia: “Están dados los elementos para detener a los autores intelectuales del atentado que sufrí”. Un año después, el expediente sigue sin resultados.
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