Uruguay marcó un precedente histórico al convertirse en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia y la asistencia médica para una muerte digna. Con la aprobación del proyecto en el Senado, el país sudamericano inaugura un marco regulatorio que reconoce, bajo estrictas condiciones, el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida.
La normativa, que aún requiere su promulgación formal y la elaboración de protocolos hospitalarios, establece que sólo podrán acceder mayores de edad con plena capacidad de decisión que padezcan enfermedades incurables o sufrimientos crónicos e irreversibles, sin posibilidad de alivio. El proceso contempla evaluaciones psicológicas, la intervención de varios especialistas y un periodo de reflexión antes de la ejecución.
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El texto garantiza la objeción de conciencia para los profesionales de la salud y la posibilidad de revocar la solicitud en cualquier momento. Busca equilibrar la autonomía individual con la ética médica y el deber del Estado de resguardar los derechos humanos.
La aprobación es resultado de un debate que se extendió por más de cinco años. En 2020, el profesor de arte Pablo Salgueiro, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, había pedido sin éxito acceder a una muerte asistida. Su historia impulsó la discusión pública y la iniciativa presentada por el exlegislador Ope Pasquet, a la que luego se sumó el Frente Amplio (FA).
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Tras años de estancamiento, el proyecto “Muerte Digna” recobró fuerza con el retorno del FA al gobierno. En agosto de 2025 obtuvo 64 votos a favor y 29 en contra en Diputados, y este 15 de octubre se aprobó por el Senado, dominado por una mayoría progresista.
