Redacción
Durante la madrugada de este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), con 335 votos a favor y 122 en contra. El dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis y votación, como parte del Paquete Económico 2026.
La reforma busca fortalecer las herramientas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para combatir la emisión de comprobantes fiscales falsos, conocidos como “factureras”, y armonizar el Código con el artículo 19 de la Constitución, de modo que estos delitos puedan ser sancionados con prisión preventiva oficiosa.
Entre las nuevas disposiciones se faculta al fisco para presentar querellas contra contribuyentes que emitan comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, negar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a empresas cuyos socios estén vinculados con facturación falsa, y realizar verificaciones domiciliarias exprés en un plazo máximo de 24 días.
De igual manera, la autoridad fiscal podrá restringir o cancelar de manera definitiva los certificados de sello digital y proceder por la vía penal cuando detecte operaciones simuladas. También se establece la obligación para que plataformas digitales como Amazon, Uber o DiDi otorguen acceso en línea y en tiempo real a su información fiscal, con posibilidad de ser bloqueadas si se detectan irregularidades.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano (Morena), sostuvo que el objetivo de las modificaciones es reforzar la lucha contra la evasión fiscal y garantizar una mejor recaudación de recursos públicos. “El dictamen nos convoca a combatir el uso de comprobantes fiscales falsos y fortalecer el combate a la evasión de impuestos”, señaló desde tribuna.
En contraste, legisladores de oposición calificaron la reforma como una medida excesiva que amplía de forma discrecional las atribuciones del SAT. La diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Núñez, afirmó que las modificaciones “lesionan derechos fundamentales de los contribuyentes” y crean “un estado fiscal autoritario que castiga primero y averigua después”.
