China ejecutó una de las mayores redadas contra comunidades cristianas en los últimos años al detener a decenas de pastores y fieles de la Iglesia de Sión, la red protestante no oficial más grande del país. Las operaciones, realizadas en al menos siete ciudades —incluidas Pekín, Shanghái y Zhejiang—, dejaron unos 30 líderes religiosos bajo custodia, entre ellos el fundador, el pastor Jin Mingri, acusado de “uso ilegal de redes de información”, cargo que podría costarle hasta siete años de prisión.
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Según la organización cristiana ChinaAid, las detenciones fueron coordinadas para desarticular la comunicación entre iglesias no registradas. “Se emplean cargos técnicos para disfrazar una persecución religiosa”, denunció un portavoz.
Fundada en 2007 como alternativa al Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías —la estructura protestante controlada por el Estado—, la Iglesia de Sión cuenta con unos cinco mil feligreses en más de 50 ciudades, lo que la volvió incómoda para el Partido Comunista Chino (PCCh).
Implementación de los arrestos en China
Durante la pandemia, los sermones virtuales y reuniones domésticas ampliaron su alcance, lo que llevó a reforzar la vigilancia. En septiembre entró en vigor un nuevo Código de Conducta que prohíbe las prédicas en línea sin aval estatal y cualquier vínculo extranjero. Semanas después, Xi Jinping ordenó “aplicar estrictamente la ley” y alinear la fe con el ideario del Partido.
Familiares denunciaron la incomunicación de los detenidos y la falta de acceso a abogados. Testimonios de liberados mencionan celdas acristaladas y vigilancia continua en el centro de detención de Beihai.
Human Rights Watch advirtió que el caso refleja la intención del régimen de someter la práctica religiosa al control estatal. “Las congregaciones que no se subordinan enfrentan una persecución implacable”, afirmó Yalkun Uluyol, investigador de la organización.
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La ofensiva ocurre en un clima de fricciones con Washington. Marco Rubio condenó los arrestos y pidió liberar a los pastores. Finalmente, aunque la Constitución garantiza la libertad de creencia, practicar la fe fuera del marco estatal sigue considerándose una amenaza.
