La Ciudad de México comienza a legislar desde las nuevas urgencias de la vida posmoderna: sistema de cuidados, lesiones por razones de género, amenazas —incluidas las de bombas— o el despojo habitacional.
Innovación en la capacidad de proteger con las iniciativas impulsadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y un planteamiento para un marco de derechos capaz de responder a los dilemas más complejos de la contemporaneidad, expuestos ayer en acompañamiento de la secretaria de Bienestar, Araceli Damián; la Fiscal Bertha Alcalde, la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez.
El primer gran paso es la creación del Sistema de Cuidados con respaldo legal, el primero en todo el país frente a una actividad realizada hasta en un 75 por ciento por mujeres. La capital nacional vuelve a ser referente latinoamericano con una política que dignifica lo invisible: las tareas de cuidado. La ley no solo nombra lo que antes se asumía como carga privada, sino que plantea una ruta con las tres R como brújula: Reconocer, Reducir y Redistribuir.
El segundo eje legislativo confirma la voluntad de llamar las cosas por su nombre: las lesiones por razones de género, que pueden ser la antesala del feminicidio. Modificar los artículos 131 y 131 bis del Código Penal para tipificar esta violencia específica es un cambio cultural. La ley distinguirá entre una riña común y un ataque motivado por misoginia o prejuicio. Nombrar la violencia es el primer paso para erradicarla, y la CDMX lo hace con la fuerza jurídica.
Las amenazas, con la posibilidad de tipificar su gravedad, representan un tercer aspecto, con aumentos a las penas incluso para quienes emitan advertencias sobre artefactos explosivos, un tema de preocupación reciente en escuelas de la UNAM y que ha llevado a acercamientos con el C5 para la construcción de mecanismos informativos, preventivos y de videovigilancia.
Un cuarto frente, tan tangible como urgente, es el despojo habitacional. Con más de 38 mil reportes en la última década, este delito golpea principalmente a personas adultas mayores. La capital responde con la Estrategia contra Despojos, que articula fiscalías, juzgados, notarías, registros públicos y policías en un mismo gabinete operativo para garantizar una respuesta integral, bajo una lógica de anticipación.
En conjunto, estas iniciativas componen una misma narrativa: el cuidado como principio de gobierno y la legislación desde la empatía. El C5 complementa este ecosistema con sus canales de atención: 9-1-1 para emergencias, 089 para denuncias anónimas, *SOS Mujeres *765 y la Línea Antiextorsión 55 5036 3301.
Ahí radica la vanguardia. Legislar no solo para castigar, sino para acompañar.
@guerrerochipres