El incremento de dos pesos al transporte público comenzará a aplicarse el 15 de octubre. Transportistas aseguran que habrá mejoras en seguridad para el pasaje
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
A partir del próximo 15 de octubre, viajar en transporte público dentro del Estado de México, será más caro. Los usuarios deberán pagar dos pesos adicionales por trayecto, tras el ajuste tarifario autorizado por la Secretaría de Movilidad.
Este lunes la medida fue defendida por transportistas que la calificaron como “necesaria y proporcional”, esto pese a que ha generado una ola de inconformidad entre los pasajeros, quienes aseguran que el alza no se refleja en una mejora real del servicio.
El anuncio fue hecho por Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), durante una reunión con empresarios del sector en la Terminal de Autobuses de Toluca.
El representante argumentó que el aumento no es un “tarifazo”, sino una actualización indispensable para garantizar la operación de las unidades. “El combustible, las refacciones y los costos de mantenimiento se han elevado considerablemente. Este ajuste permitirá invertir en seguridad, modernización y capacitación”, afirmó.
Pese a los argumentos, la ciudadanía percibe otra realidad. “Prometen un mejor servicio cada que suben el precio, pero seguimos viajando en camiones viejos, sin limpieza, sin aire y con operadores que manejan como si compitieran en carreras”, reprochó Laura Mendívil, usuaria de Naucalpan. “Dicen que es para mejorar, pero la única mejora es en su bolsillo”.
El malestar se ha extendido a distintos municipios del Valle de México y del Valle de Toluca, donde vecinos y colectivos ciudadanos señalan la falta de compromiso de las autoridades para fiscalizar el uso de los recursos. “Suben la tarifa y nadie exige resultados. No hay rutas seguras, ni paradas señalizadas, ni unidades nuevas. Es el mismo transporte de siempre, solo más caro”, expresó Javier Ortega, residente de Ecatepec.
Los transportistas aseguraron que el acuerdo con el gobierno estatal contempla mantener los descuentos a adultos mayores, personas con discapacidad y niños menores de cinco años, además de comprometerse a mejorar la seguridad con la instalación de cámaras y botones de pánico. Sin embargo, no se han precisado plazos ni mecanismos de supervisión.
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