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Lilia González

Al perjudicar directamente el bolsillo de la ciudadanía y no existir justificación palpable para su incremento, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pide frenar el incremento a la tarifa del transporte público, pasando de 12 a 14 pesos el cobro base, y someter la medida a consulta ciudadana.

La dirigente estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval afirmó que no tiene justificación alguna el incremento, toda vez que desde hace 3 años el precio del diésel se ha mantenido estable, la tarifa en la entidad es de las más caras del país, las unidades se encuentran obsoletas y siguen siendo inseguras.

“Es el tarifazo del bienestar, se aprobó en lo oscurito y en fin de semana, subir el pasaje a 14 pesos es una bofetada directa al bolsillo de los mexiquenses y un cheque en blanco a los transportistas. El PRI no solo rechaza esta medida para beneficio de los transportistas, exigimos que el tarifazo sea consultado a la gente, como las consultas que ha impulsado Morena”, indicó.

Respaldada por legisladores locales, la dirigente señaló que desde 2024 los transportistas han recibido beneficios extraordinarios, concedidos por el gobierno estatal, tales como: subsidio del 100% en el pago de impuesto sobre la tenencia, del 100% en el pago al refrendo anual, del 100% en derechos y tramites de concesión y permiso, entre otros.

Y señaló que en la actualidad se estima que en el Estado de México circulan más de 700 mil unidades del transporte público, de ellas 550 mil operan en ilegalidad, el 78%, ello representa que 8 de cada 10 no cumplen los requisitos básicos para circular.

“En el PRI Estado de México no nos vamos a quedar callados frente a este abuso, hoy exigimos al gobierno de Morena una consulta ciudadana sobre las tarifas y la movilidad; suspender el aumento aprobado en lo ‘oscurito’ hasta garantizar condiciones mínimas de seguridad y calidad en sus unidades”, dijo.

Y agregó que se deben apoyar con descuentos reales a estudiantes y adultos mayores; exigieron que se transparente y se haga público el estudio con el que el gobierno justifica el incremento; la presentación del Plan de Movilidad y que la Secretaría de Movilidad refiera cuántas concesiones están activas, vencidas o irregulares.

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