Por Eduardo López Betancourt
A raíz del lamentable asesinato de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se han suscitado múltiples manifestaciones, entre ellas la suspensión de actividades en diversos planteles del propio CCH, preparatorias y facultades.
La demanda principal de la comunidad universitaria radica en la falta de condiciones adecuadas de seguridad dentro de las instalaciones, a la que se suman otras problemáticas estructurales: insuficiente suministro de agua potable, deficiente limpieza en los sanitarios y carencia de insumos básicos, como papel higiénico y jabón.
Desde hace décadas, la UNAM enfrenta serias limitaciones en materia de vigilancia. La autonomía universitaria, principio fundamental de la institución, ha generado una constante resistencia al ingreso de cuerpos policiacos, lo que restringe la capacidad de las autoridades internas para garantizar la seguridad mediante personal propio, frecuentemente sin la formación requerida.
Esta situación se agrava por las disposiciones del contrato colectivo de trabajo con el sindicato universitario, el cual mantiene un control desmedido sobre las plazas de vigilancia, asignándolas con criterios discrecionales y fomentando prácticas de nepotismo. En consecuencia, la Máxima Casa de Estudios se ve obligada a recurrir a personal de confianza, cuyo número resulta insuficiente para atender las necesidades operativas.
En cuanto al manejo de recursos destinados al mantenimiento y a la higiene, existen casos en los que algunas entidades académicas desvían dichas partidas hacia otros fines, evidenciando deficiencias en la administración y en la rendición de cuentas.
Adicionalmente, la Universidad padece un burocratismo estructural que obstaculiza la eficiencia administrativa y genera un rezago presupuestal considerable.
Ante este panorama, la huelga universitaria podría convertirse en una oportunidad para replantear los mecanismos de gestión, fortalecer la transparencia en la Universidad; así como, promover un entorno seguro y digno para toda la comunidad. El reto consiste en erradicar las prácticas corporativas que han deteriorado tanto la vida administrativa como la calidad académica de la UNAM.
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