Lilia González
El secretario de Finanzas del Estado de México, Óscar Flores Jiménez aseguró que la entidad mantiene finanzas sanas, sólidas y sostenibles, enfocadas al saneamiento financiero y fortalecimiento de programas sociales prioritarios como educación, seguridad, salud y bienestar.
Ante el Pleno de la LXII Legislatura, como parte de la Glosa, el funcionario indicó que de septiembre de 2024 a agosto de 2025 se ha recaudado 353 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de más de 22 mil 58 millones respecto al mismo periodo del año anterior; en el segundo año los ingresos propios han aumentado el 27.5% y en materia de fiscalización se ha generado un ingreso de 5 mil 753 millones de pesos a las arcas públicas.
“Debo señalar que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en eficiencia recaudatoria y la segunda más importante en el PIB y vamos por el primer lugar”, resaltó.
Respecto al gasto público, informó que 70 de cada 100 pesos del gasto programable se orientan al desarrollo social en educación, salud, seguridad y bienestar social por lo que “el gobierno del estado ejerce recursos desde una perspectiva humanista”.
Por otra parte, señaló que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha destacado la importancia de la inversión pública como motor de desarrollo, por lo que en esta administración se construye un modelo estatal dinámico e inclusivo, contemplando 17 mil 749 millones para la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura, orientados a mejorar la calidad de vida de la población.
En este sentido, destacó la ejecución del Plan Integral Oriente que contempla una inversión superior a los 75 mil 786 millones, conformándose la fuente de financiamiento de la siguiente manera; la federación aportará el 60%, el GEM el 30% y los municipios el 10%.
Respecto a la deuda pública, Flores Jiménez aseguró que tiene un estado de sostenibilidad, “continuaremos con esta política de no contratar nueva deuda y vigilaremos el mejoramiento de las condiciones de créditos otorgados en ejercicios previos. En lo que resta de la administración no se contratará deuda pública para impulsar proyectos clave como el de la zona oriente”.
En la intervención de los legisladores, cuestionaron las decisiones tomadas en el tema de salud y criticaron los esquemas de APP (Asociación Público Privada) y PPS (Proyecto de Prestación de Servicios).
En respuesta, el funcionario comentó que se tiene un presupuesto autorizado de 5 mil 846 millones para el pago de obligaciones contractuales de los esquemas APP y PPS, llevando ejercidos el 48% de los recursos.
Rescate ISSEMyM
Sobre el ISSEMyM, aseguró que la situación del instituto no es nueva, accidental ni menor, es una crisis estructural que se ha incubado durante años y se ha postergado, por lo que el gobierno estatal ha comenzado a tomar decisiones integrales y no parciales para diferir el problema.
El funcionario refirió el escenario actual del Instituto, afirmando que hoy en día sufre una grave insolvencia frente a sus derechohabientes, un modelo de financiamiento insostenible, riesgo real de interrupciones en los servicios médicos y de seguridad social, y una presión judicial creciente hacia servidores imposibilitados de cumplir con sus obligaciones institucionales.
“Esta administración no va a evadir el problema ni va a optar por simulaciones, vamos a actuar bajo tres principios rectores que son; honestidad, justicia social y responsabilidad fiscal”, dijo.
Respecto a qué acciones se tomarán para rescatar al ISSEMyM, indicó que se garantizará la continuidad del servicio médico sin interrupciones; se emprenderán estrategias legales para evitar sanciones injustas a servidores públicos; se han actualizado estudios actuariales y financieros con visión de sostenibilidad; se diseñaron reformas fiscales, administrativas y estructurales orientadas al rescate del institutito; actualmente se está impulsando un nuevo modelo de aportaciones solidarias y progresivas; y una propuesta legislativa para una reforma estructural a la Ley de Seguridad Social del Estado.
“En conclusión, esto no es una promesa, es una ruta en marcha, es una decisión de estado y eso es hacer justicia financiera con rostro humano”.
