Por Juan R. Hernández
En tiempos donde la violencia se reinventa y se digitaliza, la diputada Yuriri Ayala pone el dedo en la llaga con una propuesta que busca castigar el acecho con penas de seis meses a tres años de prisión. Este patrón de acoso sistemático, que puede comenzar con una mirada o un mensaje aparentemente inofensivo, termina por devorar la tranquilidad de las víctimas. Su iniciativa no sólo abarca el acecho físico, sino también el virtual, ese que se esconde en redes sociales, llamadas o mensajes insistentes.
El acierto de la propuesta radica en reconocer que el acoso ya no requiere de callejones ni persecuciones: basta una conexión a internet. Y como bien advirtió la legisladora, las principales víctimas siguen siendo mujeres, quienes según cifras de la ENDIREH son demoledoras: 7 de cada 10 mujeres adolescentes y jóvenes han vivido algún tipo de agresión. Urge un marco legal que no sólo sancione, sino que también disuada.
Mientras tanto, en otro frente político, Sandra Cuevas parece que ahora sí —después de varios amagos— se despide de la política. La exalcaldesa de Cuauhtémoc deja atrás la asociación “Vamos México”, con la que soñaba recuperar espacios perdidos para la oposición. Pero las presiones, los escándalos y sus propias contradicciones le pasaron factura. Si algo ha demostrado Cuevas es su capacidad para reinventarse, aunque quizá esta vez el escenario ya no esté de su lado.
Y en contraste con la turbulencia política, el Congreso capitalino vivió un momento de estabilidad institucional: Nashieli Ramírez tomó protesta como nueva titular de la Contraloría General de la CDMX para un periodo de seis años. Su nombramiento, respaldado por unanimidad, refleja una apuesta por la transparencia y el control interno en la administración pública.
Entre iniciativas, retiros y relevos, la Ciudad de México se mueve entre la protección de derechos, los ajustes políticos y la esperanza de un gobierno más íntegro.
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