Por Juan R. Hernández
La inseguridad en la Ciudad de México no da tregua. La extorsión, tercer delito más frecuente a nivel nacional, sigue cobrando víctimas, mientras nuevas modalidades de robo golpean a los ciudadanos en su propio hogar. La reciente alerta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre delincuentes que se hacen pasar por repartidores de aplicaciones evidencia que la creatividad criminal no tiene límites: motocicletas, domicilios deshabitados y la simulación de entregas son suficientes para que familias enteras pierdan sus pertenencias en minutos.
Frente a esta realidad, la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para endurecer sanciones en materia de extorsión se vuelve imprescindible. No se trata solo de castigar a quienes cometen estos delitos, sino de enviar un mensaje claro: la impunidad no será tolerada y la ciudadanía merece recuperar la tranquilidad de sus calles y hogares. La diputada Rebeca Peralta León, del PVEM, resumió el sentir de su bancada:
“Le cerramos el paso al crimen organizado y avanzamos hacia la recuperación de la seguridad”.
La urgencia se refleja también en las calles. Esta semana, manifestantes bloquearon la Calzada Ignacio Zaragoza para exigir protección ante los múltiples asaltos que han sufrido operadores de la Ruta 42 en Iztapalapa, incluso en zonas vigiladas por cámaras de seguridad. Es evidente que los delitos no solo afectan a quienes los sufren directamente, sino que erosionan la confianza en la autoridad y la sensación de seguridad colectiva.
La seguridad no se construye únicamente con proyectos o leyes; requiere implementación efectiva, vigilancia constante y coordinación entre vecinos, gobierno y autoridades. La minuta en materia de extorsión es un paso, pero la recuperación del bienestar ciudadano dependerá de que todos los actores cumplan su papel y no se permita que la creatividad criminal siga superando a la prevención.
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