El presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que designa a Antifa como “organización terrorista nacional”, en un movimiento sin precedentes que, según expertos, carece de base legal.
La Casa Blanca atribuye al movimiento un “patrón de violencia política” y ordenó a agencias federales investigar, interrumpir y desmantelar supuestas operaciones vinculadas a esta red. Sin embargo, las leyes federales sólo permiten declarar como terroristas a entidades extranjeras, lo que limita cualquier sanción real.
Antifa, más que un grupo estructurado, es una etiqueta para activistas antifascistas.
“Algunos se han involucrado en comportamientos violentos, pero representan un número reducido”, explicó para The New York Times Jared Holt, investigador de extremismo.
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Mary McCord, exjefa interina de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, advirtió para el mismo rotativo que la medida es “más declarativa que jurídica” y recordó que Trump intentó sin éxito algo similar en 2020.
Trump vincula a Antifa con una ‘amenaza interna’
El anuncio llegó tras el funeral del activista conservador Charlie Kirk, donde el inquilino de la Casa Blanca acusó a la izquierda de alentar violencia y vinculó a Antifa con una “amenaza interna”, pese a que fuentes citadas por NBC News indican que no hay pruebas que relacionen el asesinato de Kirk con grupos de izquierda.
La secretaria de prensa Karoline Leavitt defendió la decisión alegando un aumento de la violencia atribuida a “personas radicales Antifa”.
La declaración tuvo eco en Europa. El primer ministro húngaro Viktor Orbán celebró la medida y anunció que replicará la clasificación en su país, evocando incidentes ocurridos en Budapest en 2023 y el polémico caso de la italiana Ilaria Salis.
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Más que un instrumento legal, la orden refuerza la narrativa de Trump sobre un “enemigo interno” y consolida su cruzada política contra la izquierda en un contexto de polarización extrema.
