Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE), iniciara un proceso en contra de la consejera Dania Ravel, por denunciar la falta de recursos para realizar la consulta de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que el caso tenga un trasfondo político.
La titular del Ejecutivo dijo que pidió a la Secretaría de Gobernación más información del caso para poder dar una opinión certera al respecto,
“Mañana opinamos sobre este tema ya que tengamos toda la información de por qué es la sanción que el propio INE hace a sus propios consejeros para desvincular. No tiene nada que ver, eso sí lo puedo decir de una vez, no tiene nada que ver con un asunto político, sino son las sanciones que establece el INE”, declaró.
Ayer la consejera Dania Ravel informó que el Órgano Interno de Control (OIC) del INE le abrió un procedimiento administrativo por su voto a favor de suspender la organización de la revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador por la falta de presupuesto.
En su cuenta de X, la consejera indicó que se abrió el procedimiento casi cuatro años después de que votó ese asunto, lo que consideró una persecución. “Perseguir a los miembros de un órgano colegiado por sus valoraciones jurídicas y votaciones tiende a inhibir la independencia en las decisiones de sus integrantes”.
Dijo que, “los Acuerdos y Resoluciones del INE son revisados por el TEPJF, y la falta de coincidencia en la valoración jurídica entre la autoridad jurisdiccional y administrativa jamás ha sido ni debe ser materia de persecución penal o administrativa en contra de quienes tuvieron una visión jurídica distinta, como se pretende hacer ahora”.
Antecedentes
Hay que recordar que, en diciembre de 2021, por seis a cinco votos, la autoridad electoral determinó suspender la organización de la revocación de mandato por la falta de presupuesto, lo que sería después revocado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el asunto llegaría hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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La decisión de seis consejeros derivó que el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, los denunciara penalmente y ante el Órgano Interno de Control, y aunque unos días después se anunció que se desistió del proceso penal en contra de los consejeros, el administrativo continúa vigente en el OIC.
