Jueces federales de reciente ingreso y sin experiencia serán los encargados de otorgar permiso a las autoridades para interceptar comunicaciones privadas, mientras que otros llevarán casos de alto perfil del crimen organizado, ya que fueron asignados a los penales de máxima seguridad de Puente Grande y el Altiplano.
Una revisión de 24 HORAS a las listas de asignaciones del Órgano de Administración Judicial (OAJ), indica que el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones se compone de 10 juzgadores, de los cuales cuatro fueron electos en las pasadas elecciones y los restantes son los que ya ejercían esas funciones, pero no fueron sorteados para ir a la elección.
De los cuatro jueces electos, quienes formarán parte de ese Centro, único en el país y con jurisdicción en todos los estados para ordenar intervenciones de comunicaciones privadas y arraigos, ninguno tiene experiencia en esa materia, pues provienen de la FGR, de procuradurías locales o de la Agencia Nacional de Aduanas.
Jueces sin experiencia asignados
Los asignados a ese centro nacional y que ganaron la elección son Christian Ricardo Franco Reyes, quien era juez de Enjuiciamiento local en la Ciudad de México; Marcos Emilio García Alonso, quien era visitador General de la Procuraduría de Tlaxcala y antes fue jefe de Verificación Mercantil y Obras de la Benito Juárez.
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A su vez, Irlanda Pacheco Torres, era directora de Evaluación de la Agencia Nacional de Aduanas y resalta que tras un día en el cargo pidió licencia, pero no se la concedió el Senado.
Finalmente, Jessica Romero Butrón, exfuncionaria de la FGR y asignada a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente, ahora fungirá como jueza Especializada en Intervención de Comunicaciones.
Crimen organizado
En el caso de Puente Grande, donde tendrán que lidiar con casos de crimen organizado, narcotráfico y otros delitos federales, hay seis jueces, de los cuales tres quedaron elegidos en junio.
Uno de ellos es Adrián Guadalupe Aguirre, quien fungía como oficial Judicial en un juzgado de Jalisco, es decir, uno de los puestos de menor rango en la estructura del PJ y en el que regularmente se empieza la carrera judicial; es decir, saltará de oficial a juzgador de crimen organizado gracias a la elección.
Su perfil resalta que entre 2018 y 2021 fungió como oficial Judicial C de un juzgado federal y luego como litigante privado.
De verificar datos, integrar y registrar expedientes, saltó a juez de Distrito y asignado al interior del penal de Puente Grande, donde llevará casos de criminales de alto perfil, como líderes de cárteles, huachicoleros y otros.
Otra es Daniela Bross Díaz, quien antes de la elección ocupaba el cargo de secretaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Jalisco.
Juan Rodríguez despachará desde penal de máxima seguridad
La lista la completa un juzgador penal del Poder Judicial de Jalisco, Juan José Rodríguez Velarde, quien era juez de Control local y ahora despachará desde el penal de máxima seguridad.
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Ellos trabajarán junto a otros tres juzgadores asignados a Puente Grande que provienen de carrera judicial y ya llevan tiempo en ese cargo, pero cuya salida está prevista hasta 2027, cuando se realice la segunda parte de la elección judicial.
Por su parte, en el Centro Nacional de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), María Jazmín Ambriz, jueza de Control en Ecatepec, pasará de casos locales al ámbito federal.
Como compañera tendrá a Nancy Selena Hidalgo, quien a diferencia de sus colegas ya fungía como integrante del Tribunal de Enjuiciamiento de ese penal federal, pero ganó la elección y quedó ratificada.
