El Diputado federal de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Eduardo Gaona, presentó una iniciativa para ampliar y endurecer las penas a quienes cometan delitos cibernéticos, como el hackeo, el robo de datos, o el robo de identidad, principalmente, si las acciones ilícitas son cometidas por servidores públicos relacionados a una dependencia de seguridad.
Gaona puntualizó que, aunque el Código Penal Federal ya tiene tipificadas algunas conductas relacionadas con el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, la realidad es que esta legislación se encuentra rebasada por el considerable incremento de uso de celulares.
“Si bien el acceso al Internet es un derecho de la humanidad, no debe estar exento de ser regulado ya que su uso involucra a personas que pueden ser dañadas y afectadas por otras” explico el legislador emecista.
Gaona expuso que, con base a la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de las Información en los Hogares, realizada en el año 2022 por el INEGI, se comprobó que 68.5 por ciento de los hogares en México contaban con uso de Internet.
Asimismo, se detalló que el uso de teléfonos inteligentes es la tecnología más extendida, con 97.2 millones de usuarios, lo que representa el 81.4 por ciento de la población mexicana.
Estas cifras demuestran la necesidad de regular la conducta social en el espacio virtual, ya que existen grupos delictivos cibernéticos que, incluso, han atacado a instituciones gubernamentales, como la SEDENA.
El Diputado emecista comentó que, durante el año 2024, se registraron 946 mil intentos de ciberataques a celulares y tablets, por lo que hizo un llamado para sacar adelante la iniciativa que busca imponer una sanción de tres a seis años de prisión al que acceda mediante hackeo a dispositivos electrónicos para espiar, robar o extorsionar.
La sanción aumentará hasta una mitad si el ciberdelincuente hubiera sido servidor público en alguna institución de seguridad, además de aplicarle la destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñarse en otro puesto empleo cargo o comisión pública.
“Es fundamental para el Estado Mexicano y para los legisladores preservar el bienestar de los individuos mediante una legislación más robusta y adecuada en un entorno digital cada vez más complejo”, enfatizó Gaona.
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