Por Eduardo López Betancourt
Patético ha sido el drama vivido en la Ciudad de México tras la explosión de una pipa con 49 mil 500 litros de combustible, que hasta el momento ha dejado 20 muertos y decenas de heridos. Personas a quienes la vida les ha cambiado de manera irreversible, pues sufrir quemaduras implica un tormento que no termina: primero, el doloroso proceso de curación, que nunca llega a ser total y, después, las terribles secuelas físicas y emocionales que marcan de por vida.
En un inicio, las víctimas han recibido atención médica, pero existe la certeza de que, con el paso del tiempo, serán olvidadas y abandonadas. Surge entonces la pregunta ineludible: ¿de quién es la responsabilidad?
El responsable inmediato, sin duda, es el conductor, ya señalado por conducir a exceso de velocidad. Sin embargo, la responsabilidad no se agota ahí. También deben considerarse a quienes, desde las autoridades, permitieron de manera irresponsable que un vehículo de tal magnitud transitara por calles de la Ciudad de México. No es un caso aislado: es cotidiano ver circular vehículos de alto tonelaje en horarios indebidos, cuando en muchas ciudades del mundo este tipo de transporte solo puede circular en franjas nocturnas, de 22:00 a 06:00 horas.
Otro ángulo del problema recae en los propietarios del vehículo. Poco o nada se ha dicho de ellos, pero es conocido que muchas de estas empresas contratan conductores inexpertos para reducir costos, convirtiéndose en responsables penales como autores mediatos.
Este caso exige una actuación transparente, sin maquillajes ni intentos por ocultar la verdad. Deben sancionarse a las autoridades que fueron omisas en su deber y cuya negligencia derivó en este drama. Asimismo, los dueños de la pipa tienen la obligación de indemnizar de manera justa y generosa a las víctimas.
Este crimen, bajo ningún concepto, debe quedar impune. Las autoridades incompetentes, ineptas o corruptas deben recibir sanción ejemplar, al igual que los propietarios que, por contratar conductores sin experiencia, contribuyeron a la tragedia. La sociedad exige que un hecho tan lamentable no vuelva a repetirse. Es momento de que la Jefatura de Gobierno demuestre estar a la altura de lo que implica ejercer un verdadero buen gobierno.
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