Por mucho que las autoridades a diario se esfuerzan por hacernos creer que vivimos en la Isla de la Fantasía, la realidad es que vivir en la Ciudad de México es, por decir lo menos, practicar el deporte de alto riesgo más peligroso que existe. Si vives, trabajas, estudias o te tienes que transportar por la capital del país, de facto ya te estás jugando el pellejo. Podrá sonar a exageración, pero no sabes si vas a regresar a tu casa y volver a ver a tu familia.
Y eso fue justo lo que les ocurrió el miércoles a todas las víctimas del accidente que se presentó en la calzada Ignacio Zaragoza, en el puente de La Concordia, muy cerca de la estación del Metro Santa Marta (línea A), cuando aproximadamente a las 14:20 horas una pipa que transportaba casi 50 mil litros de gas licuado de petróleo (LP) y circulaba a exceso de velocidad se volcó y se incendió provocando la muerte de ocho personas, hasta el cierre de esta edición, y dejado heridas a 94 más (casi todas de gravedad, con quemaduras de tercer grado).
Estamos hablando de 104 familias cuyas vidas fueron afectadas para siempre y todo gracias a un accidente que se pudo evitar.
Las imágenes que circularon son espantosas, dignas de una película de terror, traumáticas. La explosión, aseguran varios habitantes de la alcaldía Iztapalapa, se escuchó incluso a varios kilómetros de distancia y la presencia de las corporaciones de auxilio (policías, bomberos, protección civil, etcétera) también se hizo sentir por su lenta capacidad de respuesta.
Resumiendo: se trató de un verdadero cóctel de negligencias y omisiones que le pasó factura a seres humanos inocentes cuyo único delito fue estar cerca de ahí cuando ocurrió esta tragedia.
Y bajo este contexto, la primera pregunta que surge es, ¿qué demonios estaba haciendo un vehículo que transportaba casi 50 mil litros de un material sumamente peligroso circulando a esa hora por una vía de alto flujo vehicular como lo es la calzada Ignacio Zaragoza? Y, la segunda, ¿por qué las autoridades no obligan a las empresas dueñas de estos camiones (en este caso específico a Transportadora Silza, S.A. de C.V., la cual, por cierto, no cuenta con registro de póliza de seguro, según informó la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) que circulen custodiados por otros vehículos con personal capacitado en temas de protección civil, primeros auxilios, etcétera?
Además, ¿no se supone que hay un horario de circulación para transporte de carga en la Ciudad de México? ¿Quién va a salir a lavarse las manos como Poncio Pilato y aventarle la pelotita (la responsabilidad) a alguien más? Porque, a final de cuentas, esa es la única constante cuando se presentan tragedias de este tipo en este país: unos a unos se culpan por lo que se dejó de hacer y las víctimas se quedan flotando en el limbo.
Esto no puede seguir pasando. Y no, no se trata de una narrativa politizada o de ver complots golpistas donde no los hay. De lo único que se trata es de que las autoridades ejerzan una verdadera autocrítica y reconozcan en qué le están fallando a la ciudadanía, pero sobre todo también tienen que aceptar que la corrupción y la impunidad todavía son parte de las dinámicas de muerte que a diario se presentan en este país.
Y para concluir, hago patente mi admiración y respeto a todos aquellos que se entregaron a ayudar a las víctimas de esta tragedia. Todos ustedes son unos héroes.
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