El debate público pasó, de un día para otro, del involucramiento de altos mandos de la Marina en un caso de delincuencia organizada a los alcances del presupuesto para el próximo año.
Lo sustantivo, sin embargo, sigue siendo el caso del huachicol fiscal.
Y es que la cifra de lo defraudado a la hacienda del país, que por cierto no ha sido oficializada ni por el secretario Omar García Harfuch ni por el SAT o el fiscal Alejandro Gertz, superaría por decenas de miles de millones cualquier otro fraude cometido por servidores públicos en la historia del país.
De acuerdo con cifras obtenidas a partir del número de barcos huachicoleros (al menos los que se conocen, porque se teme, con razón, que existe una cifra negra), el número de litros de combustible que pueden transportar y los aranceles que debieron haber pagado, se estima que el daño patrimonial podría ser superior a los 170,000 millones de pesos.
Para poner en perspectiva la cifra, la estafa de Segalmex (cuyo titular Ignacio Ovalle, sigue gozando de la protección oficial), costó al país unos 15,000 millones de pesos; la “Estafa Maestra’’, 5,700 millones de pesos y el Pemexgate, 1,000 millones de pesos.
Es decir, que estamos ante el que posiblemente sea hasta el momento el robo más grande cometido por servidores públicos coludidos con empresarios y funcionarios, en contra del erario.
Si con el incremento de los impuestos a los refrescos y tabacos, el gobierno piensa, imagina que puede recaudar en un año 41,000 millones de pesos, el huachicol fiscal representa más de 4 veces esa cantidad.
El gobierno no ha cuantificado el daño; si tiene el dato, se lo ha reservado quizá para no hacer más grande el escándalo, pero no podría negarlo u ocultarlo por mucho tiempo.
La sociedad informada no cree que el tema se quede solo en la detención de los dos hermanos Farías Laguna, Manuel Roberto y Fernando (este último prófugo) porque las sospechosas muertes de dos marinos exfuncionarios aduanales en Tampico y Manzanillo, alimentan la narrativa de que el asunto va para más arriba.
Primero, lo primero.
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Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que “no quiere conflictos con China’’ ni con ningún país a los que se les incrementarán los aranceles y que “están platicando con ellos’’.
Ah, bueno, porque el paquete económico del próximo año trae otros datos.
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Tanto pregonan que el pueblo manda y no ocultan su miedo a que realmente el pueblo los mande de regreso a su casa.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, modificó la constitución local para reducir el plazo que tiene la ciudadanía para solicitar la revocación de mandato.
La nueva regla establece que los ciudadanos sólo tendrán ¡un mes! posterior a la presentación del tercer informe de gobierno, para solicitar la consulta de revocación.
Pero, para que proceda esta petición, tendría que ser respaldada por el 10% de los oaxaqueños inscritos en la lista nominal de electores y que dicha solicitud corresponda por lo menos, al 50% más uno de los poco más de 540 municipios que tiene la entidad y que representen al menos al 10% de la lista nominal de los electores de cada municipio.
Como se ve, nada más le faltó incluir que la petición deberá ser acompañada de la autopsia adelantada de cada uno de quienes pidan la revocación.
Si eso si es aferrarse al hueso.
@adriantrejo
