Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a cabo su primera sesión pública con la integración de los nuevos ministros, diez días después de que asumieron el cargo tras ser electos por voto ciudadano el pasado 1 de junio.
La sesión inició a las 10:00 horas con un mensaje de bienvenida del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien saludó en lengua mixteca a sus colegas y al público presente. Participó de manera remota el ministro Arístides Rodrigo Guerrero, debido a que continúa en recuperación tras un accidente automovilístico.
Durante la apertura, la ministra Yazmín Esquivel agradeció el respaldo de la ciudadanía que votó por ella en la primera elección del Poder Judicial. Señaló que su compromiso será impulsar consensos y mantener un debate respetuoso dentro del Pleno.
El primer asunto discutido correspondió a la acción de inconstitucionalidad 186/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra diversas disposiciones de la legislación de salud y de servicios infantiles del estado de Chihuahua. El proyecto fue aprobado con ocho votos a favor y uno en contra, emitido por la ministra Loretta Ortiz.
El nuevo reglamento establece que las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes serán públicas, con la posibilidad de realizar algunas de manera privada cuando se considere necesario. Los debates se desarrollarán de lunes a jueves y se organizarán por materias: los primeros días se abordarán acciones y controversias constitucionales, los miércoles temas civiles y penales, y los jueves asuntos administrativos y laborales.
Los ministros dispondrán de tiempos limitados para la exposición de proyectos y argumentaciones, a fin de dar orden y agilidad a las deliberaciones. Asimismo, se permitirá la participación de integrantes de pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, personas con discapacidad y sectores en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con las reglas de inclusión adoptadas.
Entre los temas prioritarios se encuentran las revisiones de oficio a decretos presidenciales que restrinjan derechos reconocidos en la Ley de Amparo, así como casos relacionados con la libertad personal, derechos de comunidades indígenas y afromexicanas, interés superior de la niñez e intereses colectivos.
La Corte también podrá sesionar fuera de sus instalaciones cuando la trascendencia del caso lo justifique, lo que abre la posibilidad de acercar la justicia constitucional a distintos sectores sociales.
