La entrega nocturna del Paquete Económico para el 2026, ya sobre el límite de tiempo constitucional para hacerlo, retrasó el análisis de fondo de las cifras proyectadas por el gobierno tanto para el gasto como para los ingresos.
Sin embargo, hay dos datos que inmediatamente saltaron a la vista por sus posibles implicaciones negativas en el presupuesto para el próximo año: el costo de las pensiones y el nivel de endeudamiento.
De acuerdo con el documento de 850 páginas que entregó el secretario de Hacienda, Édgar Amador a la Cámara de Diputados, el presupuesto para el 2026 será de 10.1 billones de pesos, 5.9% más que el que se ejerce en este 2025.
El gobierno proyecta 8.7 billones de pesos de ingresos presupuestarios, 4.6% más que en el año actual, de los cuales 5.8 billones de pesos corresponderán a la recaudación fiscal, 6.5% más que este año.
El documento establece, sin embargo, que el gobierno pedirá autorización para endeudarse hasta por 1.8 billones de pesos, contra los 1.4 billones que solicitó para el 2025.
Esto incrementaría el endeudamiento público del 3.9% al 4.3% del PIB.
De la misma forma, el costo de la deuda pública, pasaría del 3.8% al 4.1% del PIB. Es decir, que el gobierno seguirá utilizando la tarjeta de crédito para financiar el gasto corriente.
Luego está el tema de las pensiones.
Para el próximo año, el gobierno destinará al pago de pensiones, 2.3 billones de pesos, poco menos del 25% del presupuesto total anual.
El problema son las pensiones no contributivas, es decir, las que no se derivan de la seguridad social sino de los programas sociales que entrega el gobierno.
En tanto que el aumento de las pensiones contributivas, es decir, las de los trabajadores que cotizaron en la seguridad social, aumentarán apenas en 0.5% para el 2026, las no contributivas, es decir, las de los programas sociales, crecerán en 13.2 por ciento.
Una barbaridad.
Para ponerlo en perspectiva y se dimensione el problema de las pensiones, va el siguiente dato:
Para el sector salud (IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Secretaría de Salud), el gobierno proyecta un gasto de 996 mil millones de pesos y para gasto en inversión (infraestructura, inversiones y otros), 1.25 billones de pesos.
Es decir que la suma del presupuesto del sector salud y de gasto en inversión sería igual al presupuesto destinado al pago de pensiones, mayoritariamente a las no contributivas.
Ya veremos qué es lo que autorizan los diputados en los próximos meses, porque el debate apenas comienza.
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La muerte “accidental’’ de otro marino que estuvo a cargo de la aduana de Manzanillo, no sólo pone otra mancha en la credibilidad de la institución sino de la narrativa del propio gobierno.
Ayer se informó que el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, había muerto en una “práctica de tiro real’’ en Puerto Peñasco, Sonora.
Del Ángel Zúñiga había sido subdirector de administración en la aduana del puerto de Manzanillo, Colima, hasta el 2023 cuando fue relevado por “un acuerdo’’ por el secretario de Marina, Rafael Ojeda.
Fue sustituido por Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, quien duró apenas unos días en el cargo antes de ser asesinado.
Previamente, había denunciado amenazas de muerte por un funcionario de la aduana, pero nadie investigó ni la denuncia y de su asesino nada se sabe.
Ni modo que hoy en la Mañanera digan, otra vez, que se trató de un “asunto personal’’ o, como diría Rocío Nahle, de un infarto.
La credibilidad requiere de transparencia.
@adriantrejo
