La disputa comercial más relevante de la política económica estadounidense en los últimos años tendrá un nuevo capítulo en noviembre, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos escuche los argumentos sobre la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a diversos socios comerciales.
La audiencia, programada para la primera semana del mes, definirá el alcance de los poderes ejecutivos en materia de comercio internacional y el rumbo de las relaciones comerciales de la mayor economía del mundo.
Un tribunal federal de apelaciones resolvió en agosto que Trump excedió sus atribuciones al imponer buena parte de los aranceles desde su regreso a la Casa Blanca. Aunque determinó que esos gravámenes carecían de base legal, permitió que permanecieran vigentes en tanto la Suprema Corte toma una decisión definitiva.
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La Casa Blanca, consciente del impacto económico y político, solicitó al máximo tribunal una “decisión expeditiva” para asegurar que la medida no pierda eficacia como herramienta de negociación.
Trump justifica aranceles
Trump justificó los aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), imponiendo un nivel base de 10% a prácticamente todos los socios comerciales y elevando las tasas en sectores estratégicos como automotriz, acero, aluminio y cobre.
De manera paralela, aplicó gravámenes diferenciados a México, Canadá y China, argumentando que estos países permitían el flujo de drogas mortales hacia territorio estadounidense.
Las implicaciones económicas son significativas. En el caso de China, el valor de las mercancías afectadas superó los 300,000 millones de dólares, encareciendo cadenas de suministro globales y elevando costos para las empresas estadounidenses.
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Para UE y Japón aranceles recíprocos plantearon riesgos de represalias
Para la Unión Europea y Japón, los aranceles recíprocos plantearon riesgos de represalias que, hasta ahora, se han contenido en gran parte por temor a escaladas que dañen sus exportaciones hacia Estados Unidos, su principal mercado en muchos rubros.
El fallo del tribunal de apelaciones, por siete votos contra cuatro, reforzó la idea de que el Congreso -y no la presidencia- posee la facultad constitucional para fijar impuestos y aranceles. Sin embargo, en el corto plazo, el veredicto de la Corte Suprema será determinante para establecer si el presidente puede utilizar de manera unilateral herramientas de emergencia económica en temas de comercio exterior.
El desenlace podría redefinir la arquitectura legal del comercio estadounidense y, con ello, la estrategia de presión que Washington ha ejercido sobre sus socios en un contexto global marcado por tensiones comerciales.
