La política de combate al narcotráfico conserva su discurso de guerra aunque hay pocas cifras que respalden que ese es un acercamiento completamente efectivo para desincentivar el consumo de sustancias y que sea una vía confiable para disminuir la violencia que viene con la distribución.
Los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos no han modificado su estrategia a pesar de estudios y propuestas que han presentado una diversidad de organizaciones, académicos y políticos que proponen un abordaje diferente al problema de las drogas.
La política pública que inició de manera abierta un “combate” o una “guerra” contra el consumo de sustancias fue en el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos en la década de los años 80.
Estaba enfocada en erradicar el consumo de mariguana entre los jóvenes, buscó la intervención de las fuerzas del orden con redadas y operativos tácticos sin que eso desincentivara su uso. En México los acercamientos al problema han sido muy similares con resultados que no hablan de una erradicación del problema. En el gobierno de Felipe Calderón fue cuando abiertamente se habló de una política de guerra y combate.
Cuarenta años después el discurso para abordar el problema del consumo y del narcotráfico sigue siendo prácticamente el mismo. Cambió el objetivo de la mariguana por el del fentanilo, pero seguimos criminalizando a los consumidores con pocas posibilidades de ofrecer un enfoque más humano.
Se cuentan los kilos de sustancias transportadas, las armas decomisadas, pero pocas veces el número de personas que padecen adicciones o el número de personas muertas a raíz del entorno de violencia son el punto de partida para la preocupación.
El pasado miércoles, con la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos a México se dio a conocer el acuerdo de entendimiento en el que ambos países se comprometen a llevar a cabo varias acciones para disminuir la influencia y el efecto del crimen organizado.
Según el comunicado conjunto los gobiernos van a coordinar campañas para prevenir el abuso de sustancias ilícitas. La mala noticia es que esos esfuerzos, según lo que vemos en las campañas de prevención nacionales al menos, están enfocadas en criminalizar a los consumidores.
Según organizaciones sociales como Elementa o Intersecta que han analizado el problema, “mantener la discusión únicamente en términos de seguridad perpetúa consecuencias negativas que ya conocemos: criminalización, encarcelamiento, violencia e inseguridad asociada al mercado ilegal”.
Y aquí la duda genuina: si se cuenta con evidencia de que la legalización y regulación de algunas sustancias, puede incidir en la reducción de estos niveles de inseguridad, al desarticular dinámicas propias de la ilegalidad, ¿no valdría la pena al menos explorar las condiciones y poner sobre la mesa la discusión?
Porque ahora tendremos la misma dinámica alentada por dos gobiernos. El problema es que hasta ahora el mismo enfoque no ha traído resultados. Y nos urgen.
@Micmoya
