Usualmente, un informe de gobierno es una radiografía parcial del país. Refleja logros, pocas veces rezagos, proyecta aspiraciones y, de pronto, se delinean narrativas. Por ello, tras 11 meses de gestión, no resulta extraño haber visto un balance que mezcla continuidad con ciertas novedades.
Sin embargo, más allá de las preferencias, inclinaciones u opiniones, lo relevante es que nos obliga a preguntarnos cuáles serán las claves para que México alcance un desarrollo sostenido en los próximos años; pues al margen de la retórica, todavía persisten asuntos pendientes que requieren atención prioritaria.
El primero es evidente: la economía avanza, pero no lo suficiente. Ya lo abordábamos en este espacio. El crecimiento de 0.9% anual no ha sido capaz de mantener el incremento al incorporar el crecimiento poblacional. Es decir, el PIB per cápita sigue en niveles similares a los de 2017, lo que refleja un estancamiento –aunque heredado– prolongado.
En ese sentido, el reto consiste en rebasar este umbral y consolidar un crecimiento basado en la inversión y la productividad, que incluya tanto a las grandes empresas, pero que también impulse a las Mipymes –responsables de casi 7 de cada 10 empleos en México. Al mismo tiempo, resulta indispensable avanzar en esquemas que permitan encauzar la informalidad, que aún ronda el 55%.
Por otro lado, el sector energético constituye uno de los ejes clave. Pemex y CFE están ante el reto de definirse como motores de crecimiento o, por el contrario, convertirse en cargas fiscales. Y aunque si bien, esto es por sí mismo ya una problemática a resolver, las estrategias deben encaminarse a atender la demanda con el fin de mitigar, por ejemplo, pobreza energética que afecta a aproximadamente 35 mil hogares –quizá, a través de detonar proyectos de energías renovables que fortalezcan la capacidad y la competitividad del Estado.
Asimismo, otro rezago es el de la seguridad. Mientras los homicidios muestran cierta reducción, otros delitos siguen afectando la actividad económica. En diversos estados, cerca del 80% de la población se siente insegura, lo que impacta directamente decisiones tan cotidianas como abrir un negocio, estudiar e incluso aceptar ciertos trabajos. A ello, se suma la necesidad de garantizar certeza jurídica, ya que sin ésta difícilmente se potenciará la inversión que el país requiere.
Finalmente, me parece de suma relevancia que nuestro país cuente con una hacienda pública sana, con ingresos suficientes para cumplir las múltiples metas y compromisos asumidos, cuidando que no se frene la inversión ni se generen distorsiones que afecten tanto al mercado como a la población.
Frente a ello, es claro que el primer informe no fue el punto de llegada, sino de partida –y en todo caso, de evaluación. En ese sentido, me parece que no sólo serán decisivos los próximos cinco años, sino también los hechos que se darán durante estos últimos meses; pues de no dar cauce a lo anterior, corremos el riesgo de tropezar con las mismas limitaciones que han frenado a generaciones enteras.
Consultor y profesor universitario
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