Algo pasó en los días recientes que el supuesto acuerdo sobre seguridad que presumía la presidenta Claudia Sheinbaum se firmaría con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, terminará, en el mejor de los casos, en un “memorándum de entendimiento’’.
Puede decirse que no habría gran diferencia entre acuerdo y memorando, si la hay no sólo semánticamente sino políticamente.
Mientras que el acuerdo supone una alianza entre ambos países para buscar soluciones a problemas comunes como la delincuencia organizada (seguridad), migración y economía, el memorándum se trata de un oficio protocolario para comunicar disposiciones.
Es decir, que la firma del documento contendría disposiciones generales como respeto a las soberanías de ambas naciones y por ahí anuncios sobre cooperación, intercambio de información y la reafirmación de que ambos países están comprometidos a combatir los delitos que afectan la paz vecinal.
Un acuerdo habría tejido estrategias conjuntas, metas claras, compromisos de asistencia entre ambos Estados, pero por algo que no sabemos, pese a las expectativas que generó la Presidenta no serán.
Rubio llega a México, además, precedido de la difusión de un video en el que se ve como una lancha de tres motores explota; el gobierno estadounidense aseguró que se trató de una embarcación con droga que salió de Venezuela con 11 tripulantes del cártel del Tren de Aragua que fueron eliminados.
El secretario de Estado del vecino país, antes de abordar el avión que lo trajo a México, reafirmó la convicción de Donald Trump de acabar con los cárteles con todos los medios a su alcance.
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En Campeche, la gobernadora Layda Sansores, promovió una reforma a la Ley de Expropiación estatal, que parece más un asalto en despoblado.
La iniciativa propone que el gobierno estatal, por conducto del Secretario de Gobierno, determine qué propiedad puede ser expropiada “por causa de utilidad pública’’.
Una vez publicada en el Diario Oficial del estado, en un plazo de 30 días se hará válido el decreto y el gobierno tomará inmediatamente posesión de la propiedad, dejando al afectado un plazo de ¡5 días! para defenderse.
Lo peor de dicha iniciativa, es que el estado puede pagar al expropiado en un plazo de ¡diez años!, cuando la legislación federal ordena el pago en máximo 45 días.
En dicha iniciativa se anula cualquier procedimiento administrativo en contra de la expropiación; la Secretaría de Finanzas estatal será la encargada del avalúo del inmueble con lo que el gobierno se convierte en juez y parte.
Al ciudadano solo le quedaría el recurso del amparo, pero como está el Poder Judicial, pues mejor pedir la ayuda divina.
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Dos gobernadores de oposición, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, del PRI y Mauricio Kuri, gobernador panista de Querétaro, reconocieron que con el trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México han mejorado los indicadores de seguridad en sus entidades.
Por cierto, a Kuri ya se le hizo bolas el engrudo con su proyecto de almacenar el agua del drenaje en la presa El Batán, para después potabilizarla “para consumo humano’’.
El proyecto cuesta 44 mil millones de pesos pero la discusión pública ya la perdió el gobernador pues organizaciones civiles y políticos de oposición, entre ellos el diputado federal morenista, Gilberto Herrera Ruíz, han advertido de los riesgos para la salud que implica, si algún proceso de la potabilización falla, “darle agua de segunda’’ a la población.
Parece que Querétaro se ahorrará unos miles de millones… en tratamientos contra la tifoidea.
@adriantrejo
