Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 13 mil 461 servidores públicos federales fueron sancionados por presuntos actos de corrupción y conductas irregulares, a los que se suman otros 975 durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Respecto a las sanciones en el período de López Obrador, se indica que 657 resultaron en destituciones de funcionarios y 5 mil 500 en inhabilitaciones.
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SANCIONES ECONÓMICAS
El documento indica que se impusieron sanciones económicas a servidores públicos por un monto de 4 mil 628 millones de pesos durante el mandato de AMLO, es decir, en el periodo de 2019 a 2024, por diversas conductas.
De acuerdo con los anexos estadísticos del Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, en el periodo 2019-2024, las sanciones resultaron de revisiones a su situación patrimonial, resultados de auditorías, denuncias ciudadanas, actos negligentes, irregularidades en contrataciones, abuso de autoridad y falta de honestidad.
Los documentos indican que la negligencia administrativa es la mayor falta que se cometió durante el sexenio de AMLO, por lo que se sancionó a 5 mil 136 funcionarios.
El Primer Informe señala que “las cifras corresponden a las sanciones que se encuentran con situación Aplicada-Notificada, Cumplida y Vigente; es decir, se excluyen las que se encuentran sub júdice y las revocadas”.
COMBATE Y PREVENCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN
Durante el primer año del sexenio, la mandataria nacional informó que se habilitaron canales de “denuncia, a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (Sidec), en el que se recibieron 21 mil 751 denuncias por probables faltas administrativas, de la cuales 4 mil 252 quedaron concluidas y 17 mil 499 continúan en trámite.
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A su vez, el 11 de enero de 2025, el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción concluyó su primera fase, registrando 269 alertas, de las cuales, 237 están en seguimiento por las unidades de investigación correspondientes.
El Gobierno federal avanzó en el diseño de un modelo de “prevención y combate a la corrupción, que busca monitorear de manera integral la interacción público-privada con base en la apertura y la participación de la sociedad”.
A su vez, “se creó una metodología con enfoque social para incorporar las experiencias de las personas usuarias de trámites y servicios para identificar riesgos de corrupción en los procesos”.
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Indicó que se fortaleció la Oficina de Transparencia al Servicio del Pueblo, “un espacio físico y digital creado para asesorar y acompañar a cualquier persona en el ejercicio de su derecho de acceso a la información generada por la Administración Pública Federal”.
Además, “se implementaron acciones para facilitar el acceso a la información pública y cumplir con estándares internacionales. El 6 de junio de 2025, se instaló el grupo de trabajo interinstitucional que elaborará la hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú en México”.
