Las advertencias de Donald Trump sobre el uso de fuerzas militares en territorio estadounidense dejaron de figurar como una retórica electoral y se convirtieron en política de gobierno. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó en el programa Face the Nation que “nada está fuera de la mesa” cuando se trata de enviar tropas a ciudades con altos índices delictivos, incluso en estados republicanos.
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En meses recientes, la Guardia Nacional y agentes federales se han desplegó en Los Ángeles y Washington, pese a litigios abiertos y a la oposición de autoridades. Chicago es la siguiente en la lista de ciudades notificadas. Noem defendió la intervención en Los Ángeles, donde, dijo, se evitó que la ciudad “se incendiara” y se logró detener y expulsar a más de cinco mil personas. Consultada sobre la posibilidad de actuar en Dallas o Nueva Orleans, fue tajante: “Absolutamente”.
AFP |
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, acusó al Departamento de Seguridad Nacional de “inflamar pasiones y generar caos innecesario”. Noem replicó que Pritzker antepone su ego a la seguridad de los habitantes.
Proyecto 2025
El trasfondo es el Proyecto 2025, diseñado por la Heritage Foundation, que plantea centralizar el poder en el Ejecutivo, reemplazar funcionarios por leales al presidente y ampliar el papel de las Fuerzas Armadas en la vida civil. Entre sus objetivos: deportaciones masivas, redadas en “ciudades santuario” y sanciones contra gobiernos locales que se resistan. Para la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), usar soldados en tareas migratorias sería “sin precedentes, innecesario y erróneo”.
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Aunque la criminalidad en Washington D.C. y Los Ángeles registra descensos, la Casa Blanca insiste en intervenir. Juristas recuerdan que la Ley Posse Comitatus limita desde 1878 el uso del ejército en asuntos civiles, salvo bajo la Ley de Insurrección en casos extremos. Pero el impulso político de Trump parece orientado a estirar la legalidad.
