Investigación interna detecta bienes perdidos, duplicados y sin respaldo físico en despachos de ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Aguilar Morales y Pardo Rebolledo; más de 174 mil cubrebocas caducados, autopartes y equipo de cómputo sin localizar
Por Juan R. Hernández
Grupo Cantón
Ciudad de México.- A unas horas de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyan su encargo, una auditoría interna ha revelado un boquete administrativo que desnuda el descontrol patrimonial del máximo tribunal. El informe DAIA/2024/27, elaborado por la Dirección General de Auditoría, exhibe que de los 2 mil 168 bienes de activo fijo registrados en el Sistema Integral Administrativo (SIA), solo 657 pudieron localizarse físicamente mediante radiofrecuencia (RFID).
En consecuencia, mil 511 bienes quedaron fuera del inventario oficial del almacén general de Zaragoza, a los que se suman 401 activos bajo la Dirección de Tecnologías de la Información y 135 en resguardo de servidores públicos. El saldo final es escandaloso: mil 802 bienes no integrados al inventario, sin localización o registro confiable.
Los mayores faltantes se concentran en los despachos de ministros. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena acumula más de 70 activos no localizados, incluyendo mobiliario, equipos de cómputo y aparatos audiovisuales. Luis María Aguilar Morales presenta más de 50 bienes perdidos, algunos valuados por encima de las 70 UMAS, imposibilitando su reclasificación.
En el despacho de Jorge Mario Pardo Rebolledo se detectaron registros duplicados sin respaldo físico ni fotográfico.
La auditoría también documenta anomalías grotescas. En el almacén general se hallaron 174,000 cubrebocas tricapa plisados, de los cuales 36,000 caducaron en mayo de 2023 y 138,000 en noviembre del mismo año; hasta la fecha no han sido dictaminados ni desincorporados.
En el almacén de Pino Suárez apareció un acopio irregular de autopartes, calentadores, láminas, sillas y tubos, sin documentación de ingreso. Además, el sistema RFID reportó mil 74 activos en Zaragoza, pero solo se localizaron 653, mientras que la Dirección General de Recursos Materiales (DGRM) reconoció 462: un enredo contable con 612 bienes “fantasma”.
Las etiquetas RFID inoperantes, la ausencia de registros fotográficos y la falta de expedientes de entrega confirman el descontrol. Más grave aún: la DGRM reporta 2 mil 420 bienes “controlados”, mientras el SIA consigna 7 mil 779. La diferencia de 5 mil 359 activos sin explicación documental coloca bajo sospecha la transparencia de la administración.
La Contraloría emitió dos acciones correctivas y un cronograma de revisión, pero las medidas han sido parciales. No se actualizaron las Bases 2009 con el INDEP ni se firmaron compromisos sobre uso de equipo en almacenes.
El informe concluye que la recurrencia de estas irregularidades no es casualidad, sino un patrón de opacidad e ineficiencia en el manejo de recursos públicos. Así, mientras los ministros se alistan para despedirse de la Corte, las cuentas pendientes con el patrimonio de la nación siguen sin cuadrar.
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