La ministra Yasmín Esquivel señaló que “por primera vez la SCJN tendrá mayoría de mujeres” poniendo fin a la hegemonía masculina, esto de cara al inicio de la nueva Corte.
Este jueves 28 de agosto durante un foro de enlace con integrantes de la Asociación de Mujeres en los Asuntos Públicos de México (AMAAPP), la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) refirió que el nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) da un gran salto y alcanza la paridad, pues en un hecho histórico, el Pleno de la Corte tendrá por vez primera una mayoría de mujeres, esto tras dos siglos de hegemonía masculina.
Yasmín Esquivel Mossa indicó que es consciente de la nueva generación de personas juzgadoras legitimados a oír la voluntad ciudadana expresada en las urnas de la pasada elección judicial.
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Tenemos en nuestras manos la transformación del Poder Judicial: Yasmín Esquivel
“Tenemos en nuestras manos la transformación del Poder Judicial, la edificación de un nuevo sistema de impartición de justicia y de una nueva justicia”, dijo Mossa en compañía de Laura Bueno Estrada, presidenta de la AMAAPP.
La ministra agregó que “la sororidad es un punto de partida para el empoderamiento y crecimiento de otras mujeres en la meta de acortar la brecha de género”.
Explicó además que hoy resulta imperativo fortalecer el Estado de derecho; un poder que administre una justicia independiente, eficaz, que garantice un acceso efectivo a todas las personas para la debida protección de sus derechos humanos.
“En la AMAAPP estamos convencidas de que fortalecer el diálogo transparente entre la ciudadanía, las instituciones y las organizaciones es la clave para construir mejores políticas públicas y desarrollar el México que todas y todos queremos. Esperamos sea el inicio de más conversaciones de valor sobre el futuro de nuestro país”, declaró Laura Bueno.
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Finalmente, Yasmín Esquivel aseguró que algunos de los grandes retos para la nueva Corte serán: transformar el sistema de justicia en uno que verdaderamente responda a las necesidades sociales; fortalecer la confianza institucional; garantizar la transparencia en resoluciones que brinden certidumbre jurídica; e impulsar la digitalización para reducir tiempos procesales.
