7 de cada 10 ciudadanos enfrentan corrupción al tratar con funcionarios; escándalos e investigaciones confirman que la percepción pública tiene fundamento real
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada por el INEGI, los municipios con mayor percepción de corrupción en el Estado de México durante 2024 y principios de 2025 fueron Tlalnepantla de Baz, con un 71.2%; Toluca, con 69.2%, y Naucalpan, con 55%.
La ENSU mide la experiencia directa de corrupción en trámites, pagos y servicios públicos, y en Tlalnepantla, por ejemplo, siete de cada diez personas que interactuaron con funcionarios reportaron haber vivido algún acto de corrupción. Esta percepción no es una abstracción: se vincula con escándalos documentados en cada administración y con investigaciones abiertas por irregularidades.
En Tlalnepantla, el alcalde Raciel Pérez Cruz, quien asumió en enero de 2025, heredó una administración marcada por un megadesfalco superior a 400 millones de pesos cometido en el periodo 2022–2024.
Entre los casos más graves se encuentran el desvío de 22 millones en el programa “Tarjeta Joven” mediante firmas falsificadas, contratos sin respaldo por 148 millones para luminarias que nunca fueron instaladas, obras hidráulicas pagadas, pero no ejecutadas en colonias como Los Rosarios y El Tenayo, así como la presencia de aviadores y alteraciones en nómina.
En Toluca, el presidente municipal Ricardo Moreno Bastida enfrenta críticas por presunta opacidad en el manejo de recursos y negligencia ante problemas estructurales.
Recientes escándalos incluyen ceses por corrupción en el área de tránsito, donde oficiales intentaron aplicar multas suspendidas, acusaciones de favoritismo en contratos de obra pública y un polémico viaje a Grecia en medio de la crisis por inundaciones y deterioro vial en la capital mexiquense.
En Naucalpan, la gestión de Isaac Montoya Márquez ha sido señalada por tejer complicidades con exfuncionarios panistas y priistas previamente inhabilitados por corrupción.
Los señalamientos incluyen presuntos pactos con grupos criminales como La Unión de Tepito, evidenciados por narcomantas, la designación de funcionarios con antecedentes penales y el cese de un centenar de policías acusados de sobornos a automovilistas.
Estos casos muestran que la percepción ciudadana de corrupción no solo responde a un estado de ánimo, sino que se respalda en hechos concretos.
La ENSU confirma que, en el Estado de México, la desconfianza hacia las autoridades municipales refleja una realidad institucional que demanda transparencia, sanciones y reformas de fondo.
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