La violencia puede expresarse de muchas maneras. No necesariamente tiene que ser física. La violencia puede ser acoso judicial, sobrevigilancia, procesos caros, desgastantes, exilios, la lista sigue.
Y quizá es en esta confusión, donde creemos que la violencia solo debe ser física para que sea considerada grave, que perdemos de vista la preocupante situación en la que están las comunidades y sus defensores, los periodistas, activistas y quienes buscan ejercer la libertad de expresión.
La violencia sobre quienes defienden y la violencia contra quienes informan no es nueva, se ha documentado desde hace varios años con cualquiera de los colores políticos existentes.
La reportera Thelma Gómez Durán documentó el acoso que viven también los defensores de la tierra. En un artículo publicado en el sitio Mongabay, una organización sin fines de lucro que cuenta historias sobre biodiversidad, cambio climático y defensa de los territorios, señala el incremento de los casos de criminalización de los activistas.
Según la organización Global Witness, en 2019 solo se documentaron 9 casos de criminalización —una situación donde a partir de acciones de defensa de su territorio se encarcela o acusa a los activistas de algún delito— para 2024 el número de casos se elevó a 77.
No solo sucede con la defensa del territorio. En un escenario distinto, pero con vasos que comunican, la organización Artículo 19 publicó hace unos días un informe en el que alerta que hay un aumento sostenido del acoso judicial contra periodistas en los últimos años.
La práctica, como dije antes, no es nueva. Tiene que ver con el poder, con el ejercicio de una facultad que busca quitar a cualquiera del camino, acallar la disidencia, remover lo que estorba.
La protesta por los casos de persecución judicial no significa que debería haber un trato particular para quienes ejercen el periodismo, pero es una válvula que nos permite conocer cómo el poder trata el escrutinio y la participación ciudadana.
Según el informe de Artículo 19, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos de acoso judicial. En total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra. Esto equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio.
Los números no reflejan el desgaste físico, económico y social que significa enfrentar un proceso judicial en tribunales o peor aún, el tiempo que pueden pasar algunas personas en la cárcel.
El problema es que si no tratamos con urgencia los mensajes que implican las persecuciones judiciales ahora, las consecuencias traerán un problema más grande donde no logremos disentir, y decirlo en voz alta, sin tener el riesgo de que un proceso judicial se abra en algún momento.
Y aquí la duda genuina: ¿cómo cuidamos como sociedad ese eslabón? Necesitamos indignarnos antes de que sea muy tarde.
@Micmoya
