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Este fin de semana, pobladores miembros de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, marcharon para denunciar que continúa la violencia y los desplazamientos forzados en la entidad, mientras que expertos criticaron la narrativa del Gobierno estatal que revictimiza a los indígenas que huyeron a Guatemala por la inseguridad en sus comunidades.

Los inconformes encabezaron en el municipio de Venustiano Carranza la Peregrinación por la paz, durante la cual expusieron que en algunas regiones del estado se mantienen secuestros, desapariciones, desplazamientos forzados y asesinatos, resultado de enfrentamientos entre los cárteles de la droga.

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Lamentaron que ante las constantes denuncias y muestras de la realidad, los gobiernos estatal y federal sólo se dedican a negar lo que sucede.

VIOLAN DERECHOS HUMANOS

En entrevista con este medio, José Adriano Anaya, catedrático de la Universidad Autónoma de Chiapas, afirmó que las declaraciones del gobernador Eduardo Ramírez (sobre qué), la Secretaría de Seguridad estatal y la Fiscalía resultaron desafortunadas, pues violan los derechos humanos de las personas que huyeron a Guatemala.

Explicó que las recientes expresiones infringieron la presunción de inocencia, pues una orden de aprehensión no “convierte al implicado en automáticamente culpable”, así como tampoco a los familiares de personas señaladas, con la delincuencia.

Además, de que “el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca tiene un historial de fabricación de delitos y de invención de hechos de culpabilidad”.

Explicó que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública se equivocan al querer litigar en los medios por medio de conferencias de prensa y entrevista en canales de televisión, en el que violan la presunción de inocencia y el debido proceso.

Contexto social y patrones de violencia

Adriano Anaya dijo que ambas dependencias omiten el contexto social en el que se reproducen los patrones de violencia y de inseguridad consecuencia de una guerra entre _cárteles_ que aún  continúa, pero con una baja intensidad.

Por su parte, Gerardo González Figueroa, catedrático del Colegio de la Frontera Sur, detalló que hay zonas en Chiapas que se han tranquilizado, pero no es suficiente, pues “hay regiones, por ejemplo la parte central, Jiquipilas, Cintalapa, en donde suponemos que quieren ir por un capo, Señor de los Caballos, que en teoría es el jefe de la plaza del _Cártel de las cuatro letras_ (_Cártel Jalisco Nueva Generación_)”.

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Además, dijo que en el caso de los desplazados “los gobiernos estatal y federal crean su propia narrativa, negando lo que es claro (que huyeron por la inseguridad)”.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) recientemente otorgó el estatus de permanencia por razones humanitarias a 161 chiapanecos “desplazados por la violencia del crimen organizado en Frontera Comalapa”.

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