Por Eduardo López Betancourt
Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han reunido y, mediante un comunicado oficial, señalaron que pretenden reconciliar a la justicia con el pueblo de México. En síntesis, aseguran que se convertirán en la voz del pueblo.
Sin duda, estamos ante una declaración política, la cual no es la correcta. La Corte, al igual que cualquier organismo jurisdiccional, debe orientar sus acciones exclusivamente en favor de la justicia. Esta puede beneficiar a un grupo numeroso o, en su caso, a un solo individuo. Lo preocupante es que la nueva Corte adopte un comportamiento plenamente político, es decir, que sus decisiones se encaminen a favorecer a las grandes masas, dejando en estado de indefensión a pequeños grupos o, lo que es aún más grave, a individuos en lo particular.
Todo órgano que imparte justicia debe regirse por los principios básicos de una correcta aplicación del derecho. Desde siempre se ha discutido la diferencia entre derecho y justicia:
El derecho se limita a disposiciones normativas como leyes, reglamentos, circulares, que tipifican conductas y establecen lo que se considera correcto. Por naturaleza, el derecho es frío, se rige por normas objetivas y mantiene una absoluta indiferencia hacia las personas o grupos a quienes se aplican esas normas.
La justicia, en cambio, representa el sentido humano: es darle a cada quien lo que le corresponde, considerando el bienestar, las circunstancias y la sensibilidad social. Mientras el derecho es descriptivo, la justicia es sensible, valorativa y rica en consideraciones al momento de interpretar la ley.
Lo ideal, al final de cuentas, es que la nueva Corte no se convierta, como ellos aseguran, en la voz del pueblo, sino en la voz de la justicia, que es precisamente lo que anhela el pueblo de México.
Esperemos una Corte justa, imparcial y firme, nunca una Corte “politiquera” orientada a la búsqueda de simpatías o votos.
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