Redacción
Los drones modificados con explosivos han emergido como una herramienta letal en las manos de grupos armados ilegales en Colombia. Esta modalidad de ataque ha puesto en alerta a las autoridades, que investigan si estos dispositivos fueron responsables del derribo de un helicóptero durante un operativo de erradicación de coca en Antioquia, donde murieron 13 policías y varios más resultaron heridos. Los ataques incluyeron no solo el uso de drones, sino también explosivos y disparos en una acción que evidencia la creciente capacidad letal de los grupos armados en el país.
El incidente ocurrido en Amalfi, una zona rural en el noroeste de Colombia, mostró cómo los grupos ilegales están utilizando tecnología cada vez más sofisticada en su enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. En este caso, los policías que realizaban tareas de erradicación fueron atacados con explosivos y disparos, lo que llevó a la intervención de un helicóptero. Sin embargo, esta aeronave también fue atacada, lo que generó especulaciones sobre la participación de drones en el derribo, aunque las autoridades no confirmaron esta hipótesis. El ataque fue atribuido a una disidencia de las FARC, que se mantiene fuera del proceso de paz.
El uso de drones en el conflicto armado colombiano se ha intensificado en los últimos meses, cambiando la naturaleza de los enfrentamientos. Estos dispositivos son baratos y accesibles, lo que los convierte en una herramienta atractiva para los grupos ilegales que buscan ganar terreno en territorios clave para el narcotráfico y otras economías ilícitas. Sin embargo, las fuerzas de seguridad no tienen los recursos necesarios para contrarrestar esta amenaza de manera efectiva. Según expertos, los sistemas para neutralizar drones son costosos y requieren una implementación masiva que aún no se ha logrado.
En 2024, se registraron más de 100 ataques con drones por parte de estructuras ilegales, lo que dejó varios militares muertos y heridos. Los ataques continúan en 2025, con cifras que ya superan los 100 incidentes, lo que refleja el incremento de este tipo de violencia. A pesar de los esfuerzos por contrarrestar esta amenaza, los grupos ilegales siguen usando drones para tareas como el lanzamiento de explosivos o la vigilancia de movimientos de las fuerzas armadas. Esto ha llevado al gobierno a plantear planes de acción para desarrollar un sistema anti-drones y fortalecer las capacidades del ejército para enfrentar este fenómeno.
La situación de violencia en Colombia se agrava con cada día que pasa, y los drones con explosivos son solo un ejemplo de las tácticas más modernas utilizadas por los grupos ilegales. Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro ha intentado abrir diálogos de paz, especialmente con las disidencias de las FARC, los resultados han sido hasta ahora poco fructíferos. A medida que se acercan las elecciones de 2026, los expertos prevén un incremento en los actos violentos, lo que deja al país en un estado de incertidumbre y tensión
