Abrir WhatsApp o Telegram es un gesto automático para miles de millones de personas en el mundo, sin embargo, en varios países esa rutina se ha convertido en terreno de disputa política. Gobiernos impulsan aplicaciones nacionales bajo el argumento de seguridad, pero la sombra de la vigilancia se cierne sobre los usuarios.
La desconfianza hacia las grandes tecnológicas es el punto de partida. WhatsApp pertenece a Meta, corporación estadounidense cuestionada por su historial en el manejo de datos y su cooperación con agencias de seguridad.
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Telegram, creada por Pavel Dúrov y con sede en Dubái, tampoco escapa al recelo: Rusia la acusa de refugiar a la disidencia, mientras en Occidente se le vincula con la desinformación y los grupos extremistas.
Con este telón de fondo, gobiernos argumentan que depender de plataformas extranjeras abre la puerta al espionaje y compromete la soberanía.
China fue pionera con WeChat, una superapp que concentra mensajería, pagos, trámites y servicios públicos. Su lógica es clara: identidad real, datos almacenados localmente y un marco legal que habilita el acceso estatal.
En 2020, un estudio del Citizen Lab de la Universidad de Toronto concluyó que la aplicación asiática “vigila las cuentas no registradas en China… y este contenido se utiliza para entrenar y construir su propio sistema de censura”.
Rusia siguió la ruta. A finales de julio lanzó MAX, un mensajero estatal dentro de su “Internet soberano”. Al tiempo que bloqueaba funciones en WhatsApp y Telegram, el Kremlin promovió su plataforma como alternativa segura, vinculada a servicios públicos.
“La principal ventaja competitiva de la aplicación será su integración profunda con los servicios del gobierno”, explicó Anton Gorelkin, diputado y autor del proyecto de ley aprobado por el parlamento ruso.
Ejemplos similares se multiplican. India desarrolló Sandes como mensajero obligatorio para funcionarios. El primer ministro Narendra Modi sostuvo que es necesario crear plataformas tecnológicas “desi” para que el ecosistema digital de India permanezca “seguro e independiente”.
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Cuba integró toDus al ecosistema estatal de internet controlado. Venezuela fue más lejos: VenApp, presentada como herramienta de gestión ciudadana, incluye módulos de reporte de opositores, usados como instrumento de control político.
El trasfondo es un cambio en la comunicación digital. WhatsApp mantiene más de 3 mil millones de usuarios en el mundo —74 millones en México— y procesa 150 mil millones de mensajes diarios. Sin embargo, algunos gobiernos consideran que esa centralidad es un riesgo.
