Las tres demarcaciones enfrentan una crisis persistente de este crimen en el que las autoridades locales no han logrado contenerlo pese a campañas y operativos
Por Juan R. Hernández
Grupo Cantón
Toluca, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán enfrentan una crisis persistente de extorsión que las autoridades locales no han logrado contener, pese a campañas, operativos y estrategias interinstitucionales. Los datos oficiales muestran que, aunque hay avances puntuales, el delito se mantiene como una amenaza estructural en estos municipios del Estado de México.
Toluca lidera en número de carpetas de investigación por extorsión. De enero a mayo de 2025, se registraron 143 casos, equivalentes al 12.7% del total estatal (1,175). El alcalde Ricardo Moreno Bastida ha promovido la campaña “¡Cuelga! Es extorsión” y la instalación de botones de pánico, pero el delito aumentó 7.5% entre mayo y junio. El 90.4% de los casos son telefónicos, seguidos por extorsión electrónica (100), derecho de piso (15) y amenazas (11). La estrategia no ha logrado contener el repunte.
En Nezahualcóyotl, la estrategia nacional contra la extorsión permitió una reducción del 19% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024. Sin embargo, el 78% de los intentos se siguen realizando por teléfono, y la percepción de inseguridad no ha disminuido. El alcalde Adolfo Cerqueda ha reconocido que la cifra negra impide dimensionar el problema real.
En Chimalhuacán, con Xóchitl Ramírez, se reportó una baja del 37% en extorsiones entre enero y marzo de 2025, atribuida a la Estrategia Operativa Oriente. No obstante, en el último trimestre de 2024, las denuncias crecieron 20%. El 35% de locatarios en mercados municipales ha sufrido intentos de extorsión.
Aunque se han detenido a 25 presuntos responsables, comerciantes denuncian que algunos regresan tras ser liberados, lo que evidencia fallas en el sistema judicial y la protección a víctimas.
La extorsión en estos municipios no solo persiste: se adapta, se multiplica y se infiltra en la vida cotidiana. Los alcaldes han sido rebasados por una dinámica delictiva que exige más que campañas preventivas.
La coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de la denuncia y la protección efectiva a víctimas son urgencias que no pueden seguir postergándose.
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