Ismael Garduño
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el máximo órgano del Poder Judicial en México y ha desempeñado un papel fundamental en la historia política y social del país. Desde su creación en la Constitución de 1824, la Corte ha sido un pilar en la consolidación del Estado de Derecho, resolviendo conflictos entre poderes, garantizando los derechos de la ciudadanía y estableciendo precedentes que han moldeado la vida jurídica nacional.
Durante el siglo XIX, la Corte fue testigo y protagonista de las tensiones entre federalistas y centralistas, así como de las reformas liberales impulsadas por la Constitución de 1857. En esta época, comenzó a perfilarse como un árbitro institucional, aunque su independencia se veía limitada por la inestabilidad política y los constantes cambios de gobierno.
En el siglo XX, especialmente tras la promulgación de la Constitución de 1917, la SCJN adquirió mayores facultades de control constitucional. Este periodo marcó su evolución hacia un tribunal que no solo resolvía litigios, sino que también defendía derechos fundamentales y fiscalizaba la constitucionalidad de leyes y actos del Ejecutivo y Legislativo. Casos emblemáticos como la revisión de leyes laborales, agrarias y de seguridad social evidenciaron su influencia en la configuración de un Estado más incluyente.
En las últimas décadas, la Corte ha asumido un papel cada vez más visible en la protección de los derechos humanos. Reformas constitucionales, como la de 2011 en materia de derechos humanos, fortalecieron su capacidad de garantizar el respeto a tratados internacionales y ampliar el alcance de libertades fundamentales. Decisiones históricas sobre matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo, derechos de los pueblos indígenas y libertad de expresión reflejan su papel en la transformación social del país.
Además, la SCJN ha funcionado como contrapeso político frente a intentos de concentración de poder. En contextos de polarización, sus resoluciones han contribuido a preservar la división de poderes y la estabilidad institucional. Su independencia judicial, aunque frecuentemente puesta a prueba, ha sido clave para mantener la confianza ciudadana en el sistema democrático.
La importancia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación radicó en su capacidad para adaptarse a los cambios políticos, sociales y jurídicos, sin abandonar su función esencial de garante de la Constitución. A lo largo de casi dos siglos, fue testigo y protagonista de los procesos que han definido a México, y su papel seguirá siendo crucial para la defensa de la legalidad y los derechos de todas las personas. Lamentablemente el panorama actual se visualiza difícil y complicado.
La renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que asumirá funciones el 1 de septiembre de 2025, representa un momento crucial para la justicia en México. Este cambio se da en un contexto marcado por una profunda reforma judicial, que reduce el número de ministros de once a nueve, elimina las dos salas divisionales y establece que el pleno resuelva todos los asuntos en sesiones públicas.
El nuevo cuerpo judicial recibirá más de 2,100 asuntos pendientes, que incluyen expedientes tanto del pleno como de las salas extintas. La reforma impone además plazos máximos de seis meses para resolver casos, bajo amenaza de sanción a través del Tribunal de Disciplina Judicial. Esta presión temporal, junto con el desconocimiento de seis ministros recién nombrados sobre el funcionamiento interno de la Corte, plantea un desafío formidable en términos de eficiencia y calidad judicial.
El origen del proceso electoral para elegir a los nuevos ministros, impulsado por Morena (se tiene que decir), ha sido criticado por expertos nacionales e instituciones internacionales por su posible afectación a la independencia judicial. Además, la presencia de perfiles con vínculos políticos o cuestionables desde lo ético aumenta la preocupación sobre el peso del poder político en las decisiones jurisdiccionales.
Entre los asuntos urgentes pendientes se encuentran casos de gran impacto, como la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, controversias constitucionales sobre reformas de la seguridad pública y deuda fiscal multimillonaria. Asimismo, la Corte debe enfrentar retos en materia de derechos humanos, justicia de género, derechos sociales y reconocimiento de comunidades indígenas. La Corte tiene un gran reto por delante.
La saliente Presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, y el actual Presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz, deberán construir confianza en un órgano con agendas de transparencia, justicia cercana, paridad de género y perspectiva intercultural. La justicia social, el acceso equitativo a la impartición del derecho y la austeridad también son ejes destacados por miembros recientes como la recién elegida Ministra Lenia Batres.
La nueva SCJN inicia funciones en un entorno donde convergen la presión por desahogar un rezago histórico, la exigencia de autonomía institucional, desafíos estructurales y la tentación de convertir la justicia en una herramienta política. Para preservar su legitimidad y eficacia, será determinante que los ministros y ministras mantengan un compromiso ético con la imparcialidad, el respeto a los derechos fundamentales y una justicia apegada al Estado de Derecho. Como dice un gran periodista…. Al Tiempo.
