Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el traslado de 26 personas vinculadas con el crimen organizado a Estados Unidos respondió a una decisión soberana orientada a proteger la seguridad del país. Desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que la medida no derivó de un acuerdo de seguridad bilateral ni de solicitudes específicas de las autoridades estadounidenses, aunque reconoció que varios de los entregados tenían procesos pendientes en esa nación.
“En todos estos casos de extradición o de envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas”, expresó la mandataria, quien reiteró que “no tiene que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, y hay otros que siguen teniendo peticiones”.
Sheinbaum precisó que el Consejo Nacional de Seguridad, con base en información del Sistema Nacional de Inteligencia, determinó la extradición para reducir riesgos internos. Anunció que el gabinete de Seguridad ofrecerá más detalles sobre la operación, la cual se ejecutó el martes en coordinación con agencias norteamericanas y bajo pleno respeto a la soberanía mexicana.
El operativo representó la segunda entrega masiva de reclusos de alto perfil en lo que va del año. Los 26 internos se encontraban en distintos centros penitenciarios y eran considerados generadores de violencia con presunta participación en redes de narcotráfico y otros delitos graves. Entre los trasladados figuran Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios; Abigael González Valencia, cabeza de Los Cuinis y cuñado de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación; así como otros operadores de alto rango.
Las autoridades federales detallaron que el traslado se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los acusados, quienes enfrentarán procesos judiciales por cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado.
La embajada de Estados Unidos en México reconoció la determinación del gobierno mexicano y destacó que la acción representa un nuevo hito en la cooperación bilateral contra el narcotráfico. Según el diplomático Ronald Johnson, esta operación “representa otro hito significativo en la colaboración entre las fuerzas del orden público de Estados Unidos y México, así como en la alianza entre los presidentes Trump y Sheinbaum”.
Este movimiento se inscribe en una estrategia que, de acuerdo con el gabinete de Seguridad, busca debilitar las estructuras criminales y evitar que continúen operando desde territorio nacional. Las autoridades aseguraron que continuarán evaluando otros casos con base en criterios de seguridad nacional, sin que ello dependa de presiones externas.
