Guadalupe de la Cruz
El Poder Judicial del Estado de México avanza en una estrategia inédita para garantizar el acceso pleno a la justicia de los pueblos originarios, mediante la profesionalización de traductores y defensores con enfoque intercultural. El objetivo: revertir décadas de invisibilización y discriminación en los procesos judiciales.
En entrevista conjunta, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Díaz Juárez, y la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna García Morón, destacaron que ya existe un convenio con la Universidad Intercultural para la formación de traductores en lenguas originarias.
“Entre más traductores tengamos, mejores serán las condiciones y oportunidades de afrontar un juicio para cualquier persona indígena”, señaló Díaz Juárez, quien también subrayó que el plan incluye el fortalecimiento de la defensa legal en coordinación con la Consejería Jurídica estatal.
El magistrado advirtió, que el avance será incompleto sin una fiscalía especializada con visión de interculturalidad. “Sin ella no vamos a poder cerrar la pinza”, afirmó.
Cabe mencionar que hasta la fecha, la CODHEM ha presentado 23 solicitudes de amnistía, de las cuales seis corresponden a personas indígenas. Una fue rechazada, dos siguen pendientes y una enfrenta un obstáculo económico: el caso de Tomás Crisanto, indígena otomí de Temoaya, cuya reparación del daño asciende a más de 600 mil pesos, mientras que el fondo público aprobado por la gobernadora Delfina Gómez solo cubre hasta 300 mil pesos.
“El Estado de México es el único que ha logrado este modelo interinstitucional”, subrayó García Morón, al recordar que gracias a este esquema se han liberado personas con sentencias acumuladas de hasta 409 años y seis meses, mediante la colaboración del Poder Judicial, la CODHEM, la Defensoría Pública y otras dependencias.
El magistrado presidente comentó que entre las acciones recientes destaca la creación del Observatorio de Pueblos Originarios y Afromexiquenses, orientado a visibilizar violaciones graves a derechos humanos y generar soluciones estructurales. Además, se trabaja en un padrón de personas indígenas privadas de la libertad, alimentado con información de instituciones y colectivos. Aunque no hay fecha para su conclusión, se prevé un avance sustancial en la próxima sesión extraordinaria en 15 días.
“El padrón permitirá trazar rutas estratégicas y atender cada caso desde el respeto a la dignidad humana, los derechos colectivos y una justicia verdaderamente intercultural”, explicó.
Finalmemte, Díaz Juárez resaltó que ahora, por decisión del Tribunal, los casos de personas indígenas se canalizan a una sala especializada con enfoque intercultural, lo que garantiza un trato diferenciado y más justo.
“La agenda de derechos humanos e interculturalidad es enorme y no tiene un fin próximo”, concluyó el magistrado. “Pero el Estado de México está demostrando que, con voluntad política y coordinación, es posible caminar hacia una justicia más humana y equitativa”.
