Redacción
La propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para inscribir en la Constitución del Estado de México los programas sociales que operan en la entidad avanzó en comisiones del Congreso local. El objetivo es garantizar que estas políticas de apoyo tengan carácter permanente, cuenten con presupuesto asegurado y no sean utilizadas con fines electorales.
La iniciativa, presentada por el diputado Mariano Camacho a nombre del Grupo Parlamentario priista, fue discutida en sesión conjunta de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Desarrollo y Bienestar Social. El planteamiento busca blindar los recursos destinados a estos programas para que sean entregados de manera oportuna, sin recortes injustificados y sin condicionamientos políticos.
El documento plantea reformar el párrafo noveno del artículo 5 de la Constitución Política estatal, de manera que el respaldo a los beneficiarios quede garantizado por mandato constitucional. Entre los puntos centrales se encuentra la protección específica a las mujeres en situación de vulnerabilidad, con el fin de que no queden desprotegidas ante cambios de gobierno o recortes presupuestales.
Camacho subrayó que el combate a la pobreza debe asumirse como una tarea compartida por todos los actores de la vida pública, y que los programas sociales diseñados para atenderla requieren estabilidad y continuidad. En ese sentido, la propuesta priista plantea que se fortalezcan, crezcan en cobertura y cuenten con criterios claros para incorporar a más beneficiarios.
Durante la sesión de comisiones, también se presentaron otras cuatro iniciativas relacionadas con la materia: una por parte del Gobierno del Estado de México y tres más a cargo de legisladores de distintas fuerzas políticas. Estas propuestas coinciden en la necesidad de dar certidumbre jurídica y presupuestal a los programas sociales.
El Grupo Parlamentario del PRI reiteró su compromiso con la protección de las familias mexiquenses y con el impulso a mecanismos que permitan reducir los índices de pobreza, asegurando que el respaldo económico y social llegue de manera justa y sin manipulación política.
