Con 40 puertos de entrada, la frontera México–Estados Unidos es la más transitada del mundo y por donde se infiltra 90% del fentanilo que llega a ese país, como hace medio siglo era el caso de la heroína; de acuerdo con especialistas, parte de este flujo se explica por la corrupción de autoridades estadounidenses, en particular de la Departamento de Justicia de EU apoya retirar protección antimonopolio Delta-Aeroméxico (CBP, por sus siglas en inglés).
Desde hace décadas, la mayor parte de la droga que cruza hacia Estados Unidos, incluido el fentanilo, lo hace por vía terrestre. El especialista en seguridad, David Saucedo, explica que los cárteles utilizan técnicas de camuflaje para evadir los rayos X, como papel aluminio o carbón, que impiden detectar el polvo o las pastillas. Para confundir detectores de partículas y binomios caninos, usan sustancias como cloro.
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Sin embargo, advierte que el gobierno estadounidense mantiene una postura “ciega” frente a la corrupción en su propia frontera, pues agentes de la CBP facilitan el paso de cargamentos del mismo modo que ocurre con autoridades corruptas en México.
“La tecnología no falla. Lo que falla son las personas encargadas de aplicarla”, sentenció.
Remarcó que la supervisión en los cruces fronterizos es aleatoria y con criterios subjetivos. “Si solo revisas uno de cada veinte vehículos, tienes 19 posibilidades de pasar droga y las autoridades solo una de detenerla”, señaló.
Contrastes históricos
En 1976, ambos gobiernos discutían cómo frenar el narcotráfico respetando la “soberanía” de cada nación; 49 años después el problema persiste, aunque la droga que encabeza la agenda cambió de la heroína al fentanilo.
Actualmente, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, presiona a México con amenazas de intervención directa contra los cárteles. Para David Saucedo, especialista en seguridad, esa exigencia debería aplicarse también a las propias autoridades estadounidenses que, hoy y desde siempre, permiten el paso de drogas por la frontera.
Antiguo Acuerdo
El 6 de enero de 1976, el entonces procurador General de la República, Pedro Ojeda-Paullada, se reunió con una delegación estadounidense para tratar un problema que sigue vigente.
Documentos desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) señalan que Ojeda propuso fortalecer el intercambio de información, subrayando que el combate debía realizarse “con total respeto por la soberanía” de México y Estados Unidos.
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En 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum retoma esa visión: “La soberanía no es negociable, ese es un principio básico”, dijo al hablar sobre coordinación en seguridad con Washington.
El informe El cambiante patrón del narcotráfico: América Latina, publicado en mayo de 1976 para el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense, advertía que “más del 90 por ciento de todas las incautaciones de heroína en Estados Unidos tuvieron su origen en México”, lo que colocaba al país, en ese entonces, como el centro de un negocio valuado en “mil millones de dólares al año”.
Nuva lucha
Hoy, esa droga ha pasado a un segundo plano frente al fentanilo, un opioide 50 veces más potente que la heroína y que, al igual que hace medio siglo, en más de 90% proviene de México, según datos de la CBP basados en decomisos en la frontera sur.
En 1974, México reconoció por primera vez que era productor de opio, marihuana y otras drogas peligrosas, así como punto de transbordo para heroína europea y cocaína sudamericana.
De manera similar, en marzo de 2024 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en México sí se producía fentanilo —aunque “muy poco”—, tras negarlo durante gran parte de su mandato.
Con la llegada del gobierno de Claudia Sheinbaum, terminó ese discurso y los decomisos aumentaron; tan solo el 3 de diciembre de 2024, en Sinaloa, se aseguraron mil 100 kilos de fentanilo, equivalente a 20 millones de dosis.