Ayer quedó formalmente instalada la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encargada de simular un proceso abierto y de consulta para imponer un programa que ya traen definido.
Ni siquiera lo decimos nosotros, sino el propio presidente de la Comisión, Pablo Gómez, quien en diversas entrevistas aseguró que Morena utilizará su mayoría en el Congreso para sacar la reforma que le conviene, para “acabar con las camarillas’’.
Lo anterior se refuerza con el hecho de que los expertos en la materia, los partidos políticos nacionales y locales, las organizaciones de la sociedad civil, podrán participar en la discusión (por llamarla de alguna forma) pero no tendrán ni voz de voto en la decisión final.
Es decir, serán invitados al banquete pero no podrán probar los manjares, que son para los dueños de casa.
La gran pregunta que debaten la oposición, académicos, intelectuales, universidades, partidos, etcétera, es si, con el escenario planteado, sin máscaras, conviene o no sumarse a foros (que ya sabemos cómo terminan), debates y otras actividades con las que se buscará legitimar una decisión tomada.
No hay una respuesta común, pues para los partidos de oposición con presencia nacional, PAN y PRI, sí tendrían que participar por lo menos para dejar constancia de su rechazo a una iniciativa que, con el pretexto de “abaratar’’ el costo de la democracia, se perfila para desaparecer cualquier resquicio legal para que las minorías tengan representación.
Tales medidas van desde reducir (o desaparecer) el financiamiento público a partidos hasta desaparecer a los diputados y senadores por la vía plurinominal.
Además, claro, de desaparecer los OPLES, que son los organismos públicos electorales estatales y adelgazar al INE hasta la anorexia.
Un sector de la sociedad civil y algunos académicos albergan la esperanza de que algo se puede lograr de esta fecha a enero próximo, para atenuar los impactos de una reforma del calado que ya decidió López Obrador desde el 2022.
Sea cual sea la decisión de los invitados de palo, el proyecto sigue su marcha.
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La presidenta Claudia Sheinbaum descalificó la marcha en demanda de medicamentos realizada en la CDMX por el simple hecho de que la abanderaron Margarita Zavala y Alessandra Rojo de la Vega.
Como si las cientos de marchas que encabezó Andrés Manuel López Obrador, muchas de ellas en las que Sheinbaum participó, hubieran sido prístinas sin afán político.
La descalificación, sin embargo, no distrae la atención del problema monumental que sigue siendo el abasto de medicamentos, especialmente los oncológicos, en la mayoría de los hospitales públicos del país.
Hoy se dará el banderazo a la salida de las primera camionetas que forman parte del experimento del gobierno para tratar de resolver el problema del abasto, que si bien es cierto pasa por problemas de logística en el reparto, el asunto mayor es la falta de los fármacos cuya compra consolidada ha enfrentado, desde el sexenio de López Obrador, problemas que se han agravado con el tiempo.
Ya ve que el expresidente decía que si Bimbo y Coca-Cola podían llegar hasta el más recóndito municipio de México, ¿qué obstáculo podría tener el reparto de medicamentos?
¿A ver?
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Parece que muchos políticos de Oaxaca están dispuestos a destacar, al costo que sea.
Ahí está el caso reciente de la senadora suplente Nataly Chávez García quien, ebria, esgrimió tener fuero para evitar ser detenida por policías en un alcoholímetro.
“Vengamos pedos o no, tenemos fuero’’, dijo la nueva “Lady’’ oaxaqueña.
Y conste, no es campaña de medios ni cualquier otra justificación que se inventan; es su realidad.
¿Qué nos pasa?
@adriantrejo
