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Guadalupe de la Cruz

En sesión extraordinaria pública de la Sala deAsuntos Indígenas, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) otorgó amnistía a Bonifacia «N», mujer indígena mazahua, analfabeta y campesina, que pasó años privada de su libertad debido a un proceso plagado de omisiones y prejuicios.

La liberación se concretó en una sesión extraordinaria que reunió a los tres poderes de gobierno, representantes de pueblos originarios y a las máximas autoridades en derechos humanos y justicia del país, donde el magistrado presidente del PJEM, Fernando Díaz Juárez, calificó el acto como “el inicio de una transformación profunda de la justicia en el Estado de México”.

Durante su discurso el MagistradoPresidentedel PJEM reiteró el compromiso institucional con una justicia “abierta, empática y con rostro humano” y destacó el papel de la Sala de Asuntos Indígenas, órgano itinerante que atiende casos en lengua originaria,
“una justicia que se transforma desde los territorios es una justicia de puertas abiertas… la justicia también se pronuncia en lengua materna y se vive en comunidad”.

Acompañado por integrantes de la Sala de Asuntos Indígenas, el titular del Poder Judicial recordó que este órgano se ha convertido en un referente nacional y latinoamericano en materia de justicia con perspectiva intercultural, al trabajar de forma itinerante y en lengua originaria.

“El día de hoy que se resuelve la situación jurídica de Bonifacia «N» se da cuenta de lo que es y debe ser una justicia verdaderamente abierta y comprometida con la causa de los sectores más vulnerables, valoramos a los 68 pueblos originarios que se han desarrollado en nuestro país y contribuimos a su permanencia como se hace desde el gobierno federal y claro desde el gobierno del Estado de México con diversos programas y acciones que reiteran su compromiso para mejorar las condiciones de desarrollo y bienestar de los pueblos originarios», aseveró.

En su oportunidad la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Myrna Araceli García Morón, subrayó que el caso de Bonifacia N “no debe ser una excepción, sino el principio de una norma”, al considerarlo un acto de justicia restaurativa que reconoce a las mujeres indígenas como víctimas de un sistema que históricamente les ha dado la espalda.

Bonifacia representa miles de historias invisibilizadas. Mujer mazahua, adulta mayor, sin acceso a defensa técnica ni comprensión de su proceso legal, fue condenada en un juicio donde su condición de origen, género y marginación no solo fueron ignoradas, sino que jugaron en su contra.

Por su parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, señaló que la amnistía visibiliza el rezago estructural que enfrentan los pueblos originarios y llamó a replicar este modelo a nivel nacional. “No hay justicia si no es con todas y todos nuestros hermanos indígenas”, sentenció.

La historia de Bonifacia refleja la de miles de personas indígenas privadas de la libertad sin comprensión de su proceso legal ni acceso a una defensa técnica adecuada. Según la Codhem, en el actual sexenio se han concedido 20 amnistías, siete de ellas a personas indígenas, que suman 409 años y seis meses de condenas canceladas.

Finalmemte, mencionó que con más de 400 mil hablantes de lengua indígena y cinco pueblos originarios reconocidos —náhuatl, otomí, mazahua, matlatzinca y tlahuica—, el acto del 11 de agosto se perfila como un parteaguas en la relación del sistema judicial con las comunidades históricamente marginadas en el Estado de México.

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