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Por denunciar irregularidades y no ceder su predio, José de Jesús Saldaña Cruz sufre acoso, amenazas y ataques desde hace más de una década

Por Juan R. Hernández
Grupo Cantón

Ciudad de México.- En pleno corazón de la alcaldía Benito Juárez, una historia de impunidad, corrupción y resistencia se desarrolla desde 2012. José de Jesús Saldaña Cruz, habitante de San Simón Ticumac, uno de los siete pueblos originarios de la demarcación panista, ha enfrentado una campaña de hostigamiento por negarse a vender su vivienda a precios irrisorios y por denunciar que un complejo inmobiliario fue construido presuntamente sobre vestigios arqueológicos.

Según documentación en poder de Diario BASTA!, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reconoció, en el oficio número 401b(4)40.2012/1419 fechado el 28 de septiembre de 2012, el hallazgo de restos humanos y piezas arqueológicas en el predio número 58 de la calle Antonio Rodríguez, colindante al domicilio de Saldaña Cruz, ubicado en Juan Escutia 301, colonia San Simón Ticumac.

Especialistas del instituto realizaron visitas de verificación en las que documentaron afectaciones al subsuelo, presunción de monumentos arqueológicos y la presencia de trabajadores recogiendo restos óseos y cerámicos. Sin embargo, la obra nunca fue detenida. El proyecto fue promovido por la Constructora Residencial Vista del Real SA de CV, que construyó cinco torres de departamentos donde solo se autorizaban dos.

Saldaña Cruz denunció desde el inicio de la obra las irregularidades ante Desarrollo Urbano, Protección Civil y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sin recibir respuesta. “Las autoridades de esos años sabían todo, pero estaban coludidas con la constructora. Incluso cuando Jorge Romero fue delegado, en lugar de ayudarme, me mandó una orden de desalojo”, declaró en entrevista con Grupo Cantón.

El caso derivó en la recomendación 12/2014 de la entonces CDHDF, según el expediente CDHDF/III/121/BJ/12/D6657, en el que se destaca que el director de Desarrollo Urbano de la delegación Benito Juárez no presentó la documentación mínima: certificados de uso de suelo, licencias de demolición o construcción, ni fianza de responsabilidad civil.

Además, varios departamentos incumplían con normas de sustentabilidad y ordenamientos urbanos. Desde entonces, Saldaña ha sido víctima de intimidaciones. “Me han mandado policías, me han intentado meter a la cárcel y ahora me hostigan para que permita trabajos de repellado en muros que colindan con mi casa. Su objetivo es vender los departamentos a mejor precio”, relató.

El denunciante aseguró que la constructora mantiene una estrategia de presión sistemática: “Compran predios, los vacían, los abandonan y después suben el predial a los vecinos para forzarlos a vender”.

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