El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, consideró preocupante, el incremento de los delitos de extorsión, particularmente aquellos que denominan “llamada cruzada o secuestro virtual”, donde los delincuentes contactan simultáneamente a dos personas cercanas —como menores y padres— para manipular emocionalmente, generar miedo e inducir pagos inmediatos.
PRI tacha de preocupante el incremento de la extorsión en los estados más poblados
Por ello, pidieron al gobierno federal implementar acciones urgentes frente a una práctica criminal que ha sido documentada en el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, y que, a pesar de la Ley General Contra la Extorsión, el fenómeno sigue avanzando con rapidez.
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Reconocieron que la Policía Cibernética ha advertido sobre el uso de tecnologías de suplantación numérica que permiten a los delincuentes simular llamadas legítimas, mientras que las redes sociales se han convertido en un canal clave para obtener información personal de las víctimas.
Destacaron que este tipo de extorsión provoca un grave daño económico, especialmente en familias y pequeños negocios que bajo amenaza y ante la extorsión entregan recursos, bienes o propiedades y, a nivel institucional, este delito erosiona la confianza ciudadana en las autoridades, genera percepción de impunidad y alimenta redes delictivas que actúan con sofisticación tecnológica y gran capacidad de movilidad.
Por ello, consideraron urgente fortalecer los mecanismos de prevención, respuesta inmediata, investigación criminal y educación digital, así como consolidar una coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales, municipales y organismos reguladores.
Especial
En este sentido “las y los senadores priistas solicitan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional reforzar las acciones de prevención, inteligencia e investigación contra las extorsiones telefónicas, en coordinación con autoridades locales. También a la Fiscalía General de la República, y a las fiscalías estatales, para fortalecer la persecución penal del delito de extorsión, garantizando atención efectiva a las víctimas”.
Y exhortaron a las secretarías de seguridad pública y autoridades municipales, especialmente de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, para implementar campañas de información, líneas de atención inmediata y acciones comunitarias de prevención.
