Por Juan R. Hernández
En una ciudad que presume ser progresista y diversa, el reconocimiento de sus pueblos originarios y de sus derechos colectivos sigue siendo un reto. La diputada Paula Alejandra Pérez Córdova, presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, lo dejó claro: México se sostiene en sus pueblos, cultura, tradiciones y costumbres. Y no es un discurso vacío. El Parlamento de Pueblos Originarios es un espacio que visibiliza esa pluralidad que a menudo queda relegada en la agenda política. Si la ciudad quiere presumir de democracia, debe garantizar que estas voces no solo sean escuchadas, sino tomadas en cuenta al decidir sobre su futuro.
Mientras tanto, en el terreno legislativo, las comisiones del Congreso local aprobaron reformas relevantes. Una de ellas, propuesta por las diputadas Ana Luisa Buendía y Daniela Álvarez, busca reconocer el derecho a la desconexión digital y erradicar la brecha salarial de género. En un mundo laboral cada vez más invasivo, donde el trabajo se cuela en las madrugadas y los fines de semana, garantizar ese derecho no es un lujo, sino una condición mínima para vivir con dignidad. Y la igualdad salarial, más que una aspiración, es una deuda histórica con las mujeres.
Otro dictamen aprobado prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores, iniciativa de Alberto Vanegas Arenas. Se argumenta que es una medida para proteger la salud pública. Y aunque habrá quien defienda la libertad de elegir, no podemos olvidar que el Estado tiene la responsabilidad de prevenir daños colectivos, sobre todo cuando la industria disfraza de modernidad lo que en realidad es un riesgo.
Tres avances en agendas distintas, pero con un punto en común: el reconocimiento de derechos. Ojalá que no se queden en papel.
La ciudad no necesita más leyes que se archivan; necesita compromisos que se cumplan en las alcaldías.
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