En México, durante el periodo neoliberal, referirse a la justicia laboral equivalía a enumerar promesas incumplidas, mirar la precariedad disfrazada de modernidad y a la existencia de millones de personas que trabajaban sin seguridad social ni otras prestaciones.
Pero eso ya cambió. Hoy, nuestro país marca un precedente histórico, al convertirse en el primer país del mundo en ofrecer seguridad social a las y los trabajadores de plataformas digitales. Más de 1.2 millones de personas repartidoras y conductoras de aplicaciones —que durante años fueron llamadas “socias” solo para negarles sus derechos— hoy ya están registradas ante el IMSS.
Esto quiere decir que tienen acceso a seguro social, atención médica, guarderías, pensiones, licencias por maternidad y paternidad, vacaciones, aguinaldo y reparto de utilidades. Son derechos que les corresponden por el trabajo que realizan todos los días, muchas veces bajo el sol, la lluvia o de madrugada.
Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que aprobamos por unanimidad en el Congreso en diciembre de 2024, fue puesta en marcha en julio de 2025.
Se trató también de un acto de justicia: por mucho tiempo, los esquemas de subcontratación, las promesas del emprendimiento y los vacíos legales permitieron que miles de trabajadoras y trabajadores quedaran en el limbo. Ahora, la Cuarta Transformación les está devolviendo su lugar: el de trabajadores con derechos.
Es parte de una visión de país. Porque si queremos construir un México más justo, necesitamos empezar por reconocer que el trabajo, todo trabajo, tiene dignidad. Que quienes sostienen la economía con su esfuerzo merecen certeza, protección y un piso mínimo de bienestar.
Hoy no sólo hablamos de cifras récord, sino de vidas que cambian. De trabajadoras y trabajadores que ya no tendrán que pagar por usar una aplicación que antes les quitaba un porcentaje de sus ganancias diarias.
También nos referimos a un modelo que ofrece libertad sin precariedad. Las y los trabajadores podrán seguir decidiendo cuándo y a cuál plataforma conectarse. Lo único que cambia es que ahora lo harán con respaldo legal y protección social.
Este paso coloca a México por delante de países como España, Chile o Estados Unidos en la regulación del trabajo en plataformas, porque, además de aludir a derechos, hablamos de leyes.
Este también es un mensaje claro para quienes creían que en el trabajo digital todo se valía. Ya no: hay reglas claras, derechos definidos y una voluntad política firme para defender a quienes mueven a este país desde una bicicleta, una motocicleta o un volante.
Esa es la certeza que estamos construyendo desde el Congreso y junto con el Gobierno de México: una que le pertenece al pueblo, a la clase trabajadora y a quienes durante años permanecieron fuera del sistema.
X: @RicardoMonrealA
