En la antesala de la discusión de una nueva electoral, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene un guardadito de mil 622 millones de pesos en fideicomisos, instrumentos financieros que han sido puestos en la mira de la 4T.
El INE es de las pocas autoridades que aún conservan fideicomisos, ya que en el sexenio pasado el gobierno impulsó una reforma para extinguirlos. Sobrevivieron algunos, como los del Poder Judicial, pero en diciembre pasado, tras una reforma constitucional, enviaron esos recursos a la Tesorería de la Federación.
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Los fideicomisos del INE están guardados en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) y se utilizan para mejorar la infraestructura de los Módulos de Atención Ciudadana y para atender el pago de prestaciones y situaciones eventuales, como terminaciones de relación laboral con la autoridad electoral federal.
Con la reforma electoral en ciernes, al igual que ocurrió con la reforma judicial, los fideicomisos del INE corren el riesgo de desaparecer.
El fin de semana, la presidenta Sheinbaum ordenó la creación de una Comisión Presidencial para la confección de una propuesta de reforma electoral, y a la fecha, el movimiento de la 4T cuenta con los votos suficientes para impulsar cambios constitucionales.
El encargado de dicha reforma será Pablo Gómez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autor de la reforma político-electoral de 2022 -que no obtuvo los votos suficientes-, misma que planteaba adelgazar el presupuesto y burocracia del actual INE para convertirlo en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), por lo que se está en la antesala de que se presenten cambios al sistema electoral del país, lo que podría impactar en los fideicomisos de ese rubro.
Recursos
De acuerdo con los reportes financieros al segundo semestre, la autoridad electoral tiene un fondo por 595 millones de pesos para atender el pasivo laboral, así como mil 27 millones de pesos guardados para la infraestructura de los Módulos de Atención a la ciudadanía.
El informe detalla que, hasta junio pasado se habían retirado 24.4 millones de pesos para terminación de relación laboral y gastos administrativos, así como 7.1 millones de pesos para el mejoramiento de varios módulos.
El INE asegura que sus fideicomisos son legales y atienden a un mandato constitucional de asegurar el pago de prestaciones y salarios, así como de atender a la población que busque tramitar su credencial de elector.
Otras instituciones autónomas con fideicomisos son el desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones, que cuenta con mil 771 millones de pesos de guardadito, según el último reporte, pero la reforma constitucional de simplificación administrativa ordena que esos recursos se transfieran a la Tesorería de la Federación, lo que es cuestión de tiempo.
Los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, estimados en 16 mil millones de pesos, ya aparecen en ceros en el informe que presentó Hacienda hace unos días, es decir, que esos recursos no están en manos de la Judicatura y la SHCP, sino del Gobierno federal.